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iguen los cruces por el financiamiento de la construcción de viviendas con fondos estatales en Entre Ríos. De un lado, la gestión provincial señala que Nación retacea el financiamiento y que todo los costos los debe absorber la Casa Gris, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV). Del otro, Cambiemos admite que se corta parte del flujo presupeustario desde la Casa Rosada pero lo explican por irregularidades en la rendición de cuentas del organismo entrerriano. Así lo ratificaron legisladores de la alianza UCR-PRO este miércoles.

El presidente del IAPV, Marcelo Casaretto, respondió al planteo de la oposición provincial con un extenso documento plagado de cifras y un repaso de distintas gestiones ante Nación desde 2017, llegando a la conclusión -nuevamente advertida desde el gobierno entrerriano- de que "la Nación debe 410 millones al Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda”.

El funcionario fustigó que "el gobierno nacional está haciendo un brutal ajuste sobre todos los argentinos" y que "en ese contexto los legisladores de Cambiemos pretenden justificarse en que no pagan los 410 millones de pesos que deben al IAPV por problemas de rendiciones. Desde principios de año repiten la misma cantinela".

"Se atrasan en los pagos, el IAPV reclama, no dan respuestas, el tema salta a los medios, mandan a alguien a cuestionar los certificados de obra, luego pagan una parte, demostrando que estaban bien rendidos, pero luego comienzan nuevamente los atrasos. Y así la historia de repite cíclicamente varias veces en el año".

Casaretto reafirmó que el instituto a su cargo "no tiene problemas de rendiciones y las obras se ejecutan con transparencia, de acuerdo a las normas nacionales y provinciales en la materia" y defendió que "el IAPV tiene 60 años y ha construido 48.000 viviendas para las familias entrerrianas. Tiene empleados y profesionales con décadas cumpliendo funciones". En contraste, observó que el gobierno de Cambiemos "ha buscado puentear al IAPV con obras directas a municipios o a través de consorcios o de los bancos. Por municipios o consorcios no llegan a 100 viviendas entregadas en este año, y a todos les deben fondos". 

“En los primeros ocho meses de 2018 el IAPV ha entregado 1.500 viviendas a las familias entrerrianas, y proyectamos entregar 1.000 más en los cuatro meses restantes antes de fin de año”, anticipó el funcionario de la gestión de Gustavo Bordet. Nuevamente en contraposición, mostró que "hay obras en ejecución pero la mayoría están paradas o notablemente atrasadas por falta de fondos. Las diferencias de eficiencia saltan a la vista de cualquier observador. Y el crédito UVA o UVI o el Procrear, a través de los bancos han desaparecido, de la mano de la especulación financiera en el dólar y las altas tasas de interés”.

Compromisos de Frigerio

El ex director de la Administradora Tributaria de Entre Ríos recordó: “en noviembre de 2017, al ser convocado por el gobernador Gustavo Bordet como presidente del IAPV, la Nación debía 300 millones de pesos a la provincia de Entre Ríos. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, se comprometió a cancelarla antes de fin de año. A partir de ese compromiso con el gobernador decidimos invertir fondos provinciales para terminar las viviendas que tenían un importante porcentaje de ejecución, con lo cual la deuda nacional se fue incrementando".

Sin embargo, rememoró Casaretto que "en las semanas siguientes se nos dijo que habían agotado su crédito presupuestario, y que la deuda se cancelaba en las primeras semanas de enero, ya imputado al Presupuesto 2018. Al comenzar este año, desde Nación se plantearon nuevas dilaciones. A febrero las deudas llegaron a 472 millones de pesos. Por esa fecha nos pagaron 112 millones de pesos y se redujo a 360 millones de pesos, compensando sólo el incremento de las semanas anteriores".

"A partir de allí, los atrasos comenzaron a aumentar nuevamente, sin cumplir con los montos y los tiempos convenidos en los acuerdos firmados entre Nación y Provincia para financiar cada una de las obras”, remachó.

“El gobierno nacional pagó 115 millones de pesos en fecha 9 de agosto, reduciendo el monto de 470 millones de pesos a 355 millones de pesos. A partir de ese momento no se registraron nuevos pagos, por lo que deuda actual asciende a 410 millones”, puntualizó el funcionario. 

Los certificados de obra

Sobre el aspecto puntual de la polémica sobre el que se funda Cambiemos para responsabilizar a la Provincia, los certificados de obra, Casaretto indicó que “las empresas los presentan, los controlan los inspectores de obra y profesionales del IAPV, y se remiten a la Secretaría de Viviendas de Nación. El expediente con los avances y facturas está a cargo de los empleados de carrera del IAPV, que siempre han realizado esas tareas".

"Pero una vez presentados", alertó, "están meses sin siquiera ser cargados en el sistema ni controlados. En cada carpeta constan las fechas de recibo por la SVN y pueden constatarse los atrasos. Los empleados señalan la falta de personal y que cada uno de ellos tiene que atender a varias provincias. Esto se ha planteado reiteradamente en el Consejo Federal”.

Incumplimiento de acuerdos firmados

Por otra parte, reseñó el titular del IAPV que "los proyectos de vivienda, en general, son financiados una parte por la provincia y una parte por la Nación, a partir de acuerdos específicos en cada caso. Las obras comienzan y las empresas presentan los certificados de obra para cobrar y continuar con la misma".

"Al vencimiento la Nación no paga los montos comprometidos, y las empresas plantean que si cobran sólo los fondos provinciales se verán obligados a paralizar las obras”, señaló el funcionario. “Entonces el IAPV paga el 100 por ciento de los vencimientos para mantener las obras y las fuentes de trabajo, y luego reclama a la Secretaría de Viviendas de Nación los montos correspondientes. O sea que la deuda de 410 millones de pesos es por incumplimientos de nación de los acuerdos que había firmado con la provincia”, aseveró.

Falta de aprobación de nuevos proyectos

Casaretto a su vez apuntó que “el gobierno nacional no ha aprobado nuevos proyectos de viviendas a través del IAPV en todo el actual período de gobierno, desde diciembre de 2015 a la fecha. Sólo han ofrecido firmar un proyecto para Paraná, en el cual la provincia debe pagar los terrenos, las obras de nexo, hacer el anticipo financiero de la obra, y pagar el 100 por ciento de los certificados hasta completar su parte. Y los eventuales desembolsos nacionales se harían en 2019, por la falta de fondos”.

“Hay proyectos por 321 viviendas que fueron aprobados en 2016 y licitados en diciembre de ese año, y que esperan la aprobación financiera definitiva desde hace un año y nueve meses”, precisó Casaretto.

Fondos del Fonavi

En el último tramo del extenso comunicado oficial enviado a INFORME DIGITAL el máximo responsable provincial en materia de vivienda advirtió que "el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, planteó a los ministros de Economía de las provincias la posibilidad de eliminar el Fonavi para el año que viene", mientras que "el secretario de Viviendas de Nación habló de hacer un fideicomiso con esos fondos. En los grandes medios nacionales se publicaron columnas acerca de estas intenciones. Pero los fondos del Fonavi son de las provincias. Tienen que remitirse en forma diaria y automática”, expresó Casaretto.

Al respecto, acotó: “Los empleados realizan asambleas en defensa de esos fondos, en defensa del organismo y sus fuentes de trabajo. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, dijo en Ramírez que eso es un locura, y que esos fondos están garantizados pero como el gobierno sigue y profundiza los ajustes, muchos dudan de esas palabras y se mantienen en alerta y movilizados”.

Finalmente, comparó el funcionario: “no hay certificados de obras ejecutadas por el IAPV que tengan observaciones. Sí hay observaciones de obras realizadas por municipios. No hay obras proyectadas por el IAPV que hayan recibido anticipos financieros y no se hayan comenzado las obras. Sí ha ocurrido en consorcios, en los cuales el IAPV no interviene. No hay obras del IAPV en que falten las facturas. El 100 por ciento está facturado por las empresas de acuerdo a normas nacionales y provinciales. La Nación pretende que los municipios presenten facturas de sus proyectos. Y el IAPV no interviene en esto”, asestó.