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ntegrantes de la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Entre Ríos se pusieron en campaña para apoyar la aprobación de la ley de Aborto Legal, Seguro y Gratuito que se debate en la Cámara de Diputados de la Nación desde mediados de abril. "Como Universidad Pública tenemos la responsabilidad de expresarnos y manifestarnos", afirman y colectan firmas mediante un documento online. El nuevo respaldo viene a ratificar la resolución que la Universidad tomó en el año 2012, ya que la UNER fue una de las universidades públicas que adhirió al Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, presentado en el Congreso durante siete años consecutivos sin éxito y que encontró tratamiento este año a partir de la luz verde que dio el gobierno nacional para el debate. Los impulsores del respaldo destacaron que "esta institución ha actuado y se ha expresado a favor de las luchas y reivindicaciones de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual", como en el acompañamiento del paro internacional de trabajadoras del 8M en 2017 y 2018, las movilizaciones del movimiento “Ni Una Menos” y la aprobación reciente del “Protocolo de actuación de las expresiones y acciones discriminatorias basadas en las violencias sexistas en el ámbito universitario”. En los fundamentos de la iniciativa se señala que la legalización del aborto responde, "entre otros aspectos, a un problema de salud pública que debe tratarse en el marco del acceso universal e igualitario a la salud en tanto derecho humano insoslayable que requiere ser garantizado por el Estado". "El reclamo por el aborto legal, seguro y gratuito, parte de una consideración integral que reivindica y exige el cumplimiento del derecho a recibir educación sexual integral y el derecho a acceder a la salud sexual y reproductiva. Esta concepción ubica a la libertard reproductiva en el contexto de las políticas públicas de prevención, cuidado, salud, responsabilidad social, justicia social y compromiso democrático", argumentan. A su vez, indican que en la actualidad, en Argentina, a pesar de que existen causales (peligro para la salud y violación) para acceder a un aborto no punible, "el aborto clandestino sigue siendo una de las mayores causas de muerte de las personas gestantes por decidir interrumpir un embarazo. La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo es una deuda de la democracia para con las mujeres y personas gestantes argentinas". "Celebramos que su tratamiento haya llegado al Congreso de la Nación, fruto de la lucha constante e inclaudicable de los movimientos de mujeres y el movimiento feminista", dicen y ratifican: "estamos a favor de la vida de quienes tienen la capacidad de gestar, estamos a favor de la igualdad de oportunidades, estamos a favor de la soberanía de nuestros cuerpos y por ello solicitamos a los legisladores y legisladoras que se comprometan con su época y que acompañen con su voto esta ley tan necesaria como postergada".