E
l recinto de la Cámara de Senadores recibió este miércoles a vecinos, integrantes de la organización Despierta Paraná y especialistas de distintos rubros, que brindaron detalles de su postura sobre el proyecto del nuevo enlace entre las ciudades de Paraná y Santa Fe.
“Esta reunión surge como respuesta a la inquietud de muchos paranaenses y por eso es necesario que –más allá de los debates que los senadores, diputados o concejales lleven adelante en los distintos ámbitos institucionales- aparezca el interés genuino y espontáneo de la sociedad que se moviliza interesada por el bienestar de la comunidad”, expresó el vicegobernador Adán Bahl, quien dio la bienvenida en la actividad.
Y agregó: “Este diálogo con especialistas tiene la mirada atenta puesta en Paraná y nos ayuda a pensar un poco mejor las diferentes problemáticas que también necesitan un mirada crítica, nueva, innovadora para la ciudad”.
Se hicieron presentes en el encuentro los senadores, Ángel Giano (PJ-Concordia), Lucas Larrarte (PJ-San Salvador), Pablo Canali (PJ-Colón), Exequiel Blanco (Todos por Tala) y Rogelio Schild (Cambiemos-Diamante), autoridades de la Cámara Alta, representantes de instituciones y vecinos de la ciudad.
Garay: “no se cumpliría con el objetivo”
Luis Garay, defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, expresó que “en Paraná hay serios déficit de acceso a la población al agua potable, a las cloacas, a la vivienda; entonces, pensar en progreso sería aquello que haga que los paranaenses entiendan que se puede vivir mejor, que tengan una planificación que diga a donde vamos y como vamos a hacer eso”, sostuvo.
Garay aseguró que los integrantes del Movimiento Despierta “hicieron todas las presentaciones, como corresponde, por expediente en mesa de entrada, pidiendo todas las explicaciones referidas al proyecto y nunca tuvieron respuestas concretas” de la municipalidad paranaense.
Además, cuestionó a funcionarios locales que, a través de declaraciones periodísticas, desacreditaron el movimiento como “unos poquitos revoltosos, que tenían intereses individuales o partidarios”.
El Defensor afirmó a su vez que “todos queremos un puente, que sea una conexión bioceánica, que sea una vía especialmente para el tránsito pesado con el fin de volverlo más fluido y seguro”. Sin embargo, advirtió que la traza anunciada impactaría directamente sobre la zona del barrio de la Toma Vieja y desembocaría en los accesos a la ruta 168, con lo que “no se cumpliría con el objetivo de desviar el tránsito pesado”.
En cuanto al túnel subfluvial, informó que mantuvo una reunión con los directores del ente de ambas provincias (Entre Ríos y Santa Fe), quienes le manifestaron que carecen de informes oficiales respecto a si la obra podría tener impacto en el viaducto.
Armándola: "si la ponemos en el lugar equivocado vamos a tener altos costos"
En representación del Centro de Estudios Inmobiliarios de Entre Ríos, su directora, María Paula Armándola, destacó la necesidad de “una planificación sustentable” y consideró que para la construcción de una megaobra “corresponde considerar quiénes pagarán los costos de la decisión, quiénes salen beneficiados y para qué lo estamos haciendo realmente, ya que somos todos importantes y merecemos la misma oportunidad de desarrollarnos”.
“Cuando hablamos del nuevo puente Paraná- Santa Fe, nos referimos a un corredor bioceánico, con comercio internacional, de tránsito de camiones de distintos países, escenario al que no estamos acostumbrados. Por ello, es imprescindible que pensemos de manera sistémica, poniendo énfasis en los usos de suelo”, sostuvo la licenciada.
Además, agregó Armándola que “estos usos de suelo deben pensarse de modo legitimo (a través de las leyes) y legitimados por la sociedad civil. Si esto no sucede, surge la conflictividad social y la situación que vemos en Paraná (por la traza) genera esto, ya que va a afectar la vida y el desarrollo de la ciudad”.
“Mover una obra un poco más al norte o al sur, no cambia la finalidad de esta planificación, ni la finalidad de que se pueda hacer un próspero corredor comercial bioceánico. Si la ponemos en el lugar equivocado vamos a tener altos costos ambientales, sociales y económicos”, concluyó.
