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n 133 votos afirmativos contra 94 negativos, el arco peronista y el kirchnerismo consiguieron aprobar el proyecto de ley para ponerle un freno a los aumentos, en una sesión de alto voltaje atravesada por las incipientes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). El interbloque Cambiemos denunció "irresponsabilidad" y "demagogia", y culpó a la gestión anterior por la herencia energética. El Frente Renovador, liderado por Graciela Camaño, y el interbloque Argentina Federal, conducido por Pablo Kosiner, garantizaron el grueso de los votos para avalar el proyecto. El Frente para la Victoria-PJ, al mando de Agustín Rossi, dejó de lado sus diferencias -proponía retrotraer tarifas a diciembre de 2017 y suspender los aumentos en 2018- y acompañó al espectro peronista. A la hora de votar también hubo tres abstenciones, del bloque de Martín Lousteau (Evolución), quien defendió su propio proyecto. Y se destacaron las bancas vacías de la Coalición Cívica. Diputados del Movimiento Evita colocaron una gigantografía de Elisa Carrió a modo de burla, pero Emilio Monzó, molesto, los mandó a sacarla. En qué consiste el proyecto aprobado El corazón del proyecto aprobado consiste en que la actualización de las tarifas no supere a la variación salarial para los usuarios residenciales, y en el caso de las pymes a la variación del índice de precios mayoristas -sólo para las de consumos medios y bajos-. La futura ley sólo alcanzaría a los servicios de concesión nacional, y las provincias podrían adherir. Los mentores del proyecto -el justicialista Diego Bossio y el massista Marco Lavagna- tuvieron que dar marcha atrás con la rebaja del IVA en las facturas del 21% al 10,5%. Por tratarse de un impuesto coparticipable, esa reducción había sido muy cuestionada por gobernadores. Y en el radicalismo advertían sobre un costo fiscal de 49.300 millones de pesos sumando 2018 y 2019. Esa no fue la única modificación que sufrió el texto aprobado en comisiones. También se amplió el espectro de beneficiarios de la tarifa social -se incluyó, por ejemplo, a los clubes de barrio-, y se eliminó el tope de aumentos para el transporte automotor (colectivos) y peajes. "Esto no es un proyecto de ley de desestabilizadores, de demagogos, ni de irresponsables: es un proyecto que trae la solución que está exigiendo la sociedad argentina", afirmó el presidente de la Comisión de Obras Públicas, Sergio Ziliotto, al abrir el debate, que se extendió durante 12 horas. Diego Bossio aclaró que "no estamos discutiendo gobernabilidad, sino lo que le ocurre a miles de argentinos". "No queremos generar pronósticos catástrofe, pero la verdad es que lo que está pasando requiere mucho diálogo y grandeza; no se soluciona con adjetivos", advirtió el bonaerense. La jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, coincidió: "No digan que somos demagogos. No vamos atrás de nadie. Lo que hacemos es con absoluta responsabilidad, desde el minuto uno. Se limpian la boca hablando de la República, pero República es división de poderes". El encargado de arremeter contra el proyecto de la oposición fue el macrista Luciano Laspina, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, quien señaló que "los autores ideológicos del proyecto son los que nos llevaron a esta situación catastrófica" y comparó la propuesta con otra similar presentada por Cristina Kirchner en el Senado y disparó: "La presidenta que nos dejó en esta situación y que ahora nos propone una solución, es la que logra unificar a toda la oposición detrás de esa idea renovadora". Pero Axel Kicillof, exministro de Economía, buscó rebatir las críticas e ironizó que el Gobierno tiene "el mejor equipo en echarle la culpa a otro y no hacerse responsable de nada". "Lo que pasa hoy en la Argentina es pura y exclusiva responsabilidad de un mal plan económico, que ha sido además mal aplicado, con impericias, con problemas, con contradicciones, idas y vueltas, internas", analizó y enfatizó: "No hay que profundizar este programa económico, hay que cambiarlo". En nombre del Frente para la Victoria-PJ también tomó la palabra Máximo Kirchner, quien consideró que "demagogia es ir a un debate presidencial y decir que no va a haber 'tarifazos' y después hacerlos". Autor de su propio proyecto, Lousteau apuntó a ambos lados de la grieta: señaló que "los que plantean la solución crearon el problema", y a su vez "el Gobierno se cierra", en un contexto donde "no es solamente el nivel de las tarifas lo que genera preocupación y angustia, sino también qué va a pasar en el futuro". "En nuestro proyecto damos cierta previsibilidad y somos responsables con el costo fiscal", aseguró, al explicar que se propone modificar las tarifas gradualmente en ocho años, "sin tanto impacto inflacionario y en el nivel de actividad". Desde el Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño (PTS) se quejó: "Macri ya anunció que va a vetar esta ley, que es parcial, que mitiga los 'tarifazos', pero no va a una salida de fondo. ¡No podemos permitir que utilice ese recurso monárquico!". Ese bloque fue al recinto con carteles que rezaban "Fuera el FMI" y "Paro nacional activo". "Metieron los 'tarifazos' pero no lograron resolver el déficit fiscal. Todo el plan económico fracasó. Ante ello, el Gobierno recurre al FMI", lamentó Romina Del Plá, del Partido Obrero. Felipe Solá levantó la temperatura del recinto al cierre del debate. "¿Quién es más demagogo, el que defiende a la mayoría que no quiere que sigan estas tarifas, o el que promete que van a llegar los brotes verdes, el que habla de una lluvia de inversiones, el que dice que la inflación no va a ser un problema? ¡El demagogo es el que le miente a la gente, no nosotros!", reprochó el massista. A continuación fue el turno de Kosiner, quien defendió el desempeño de su bancada. "Ni antes éramos lo mejor, porque no cogobernamos, ni hoy somos lo peor, porque no queremos ningún 'club del helicóptero'", aclaró, y sugirió a Macri "que no piense tanto en el veto" de la futura ley. Agustín Rossi fue durísimo con el regreso del país a los designios del FMI. "Díganme un caso de un país que acordó un crédito stand by con el FMI y fue exitoso. Jamaica, Irak y Kenya son los tres países que tienen créditos stand by... ¡Volvimos al mundo, muchachos!", ironizó, repitiendo una y otra vez "adónde nos quieren llevar".