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e la redacción de INFORME DIGITAL El gran debate que involucra esta semana al gobierno nacional y a los gobernadores de la oposición es el tratamiento previsto para este miércoles en el Congreso del proyecto de ley de “Tarifas Razonables”, elaborado por los diputados nacionales del peronismo y que busca reducir por un año las facturas de servicios, luego del fuerte tarifazo que aplicó Nación en los últimos meses. Entre otras medidas, para aliviar los precios, la iniciativa recorta por la mitad el IVA presente en las boletas (del 21% al 10,5%), un impuesto que cobra la administración nacional pero que llega a las provincias a través de la coparticipación federal. El proyecto genera el rechazo de plano de Nación y el recelo de los gobernadores, que verían sus ingresos menguados por iniciativa de sus propios legisladores. Por eso, los diputados evalúan en estos días quitar ese inciso de la ley. Mientras tanto, medios nacionales aseguran que algunos caciques desaprueban el texto. Incluyen en ese pack a Gustavo Bordet, el cordobés Juan Schiaretti y el misionero Hugo Pasalacqua. En el caso del entrerriano, lo hacen por declaraciones en las que definió que la política tarifaria es atribución del Poder Ejecutivo nacional y no del Legislativo. En base a ello –y sin poder obviar el interés del gobierno de Cambiemos al respecto- se especula con la bajada de línea que Bordet haría a sus diputados nacionales leales. Se trata de Juan José Bahillo y Mayda Cresto, ambos del interbloque Argentina Federal. Consultado por INFORME DIGITAL sobre si les dio una orden o si les concederá libertad de acción para votar el proyecto este miércoles, Bordet dio una respuesta ambigua. “Si el Congreso decide tratarlo, lo tratará”, sugirió. A su vez, ratificó la postura ya conocida: “entendemos que es potestad del gobierno nacional fijar tarifas y tiene que hacerse cargo”. “No es el Congreso el que lo fija, como tampoco es la Legislatura de la provincia de Entre Ríos la que tiene que fijar la estrategia tributaria de la provincia. Cada uno lo hace, para eso está el Presupuesto, para eso hay una ley de Consenso Fiscal”, graficó el mandatario entrerriano. Finanzas nacionales: “nos queda mucha preocupación” El gobernador dio sus declaraciones este lunes en un acto de entrega de mobiliario para escuelas realizado en la plaza Mansilla. Allí, en el contacto con la prensa, también habló del cambio en la situación financiera del país de la última semana. “Vemos con mucha preocupación las altas tasas de interés (del Banco Central); el índice inflacionario, que genera una gran incertidumbre sobre cuál será la definitiva; restricciones a la obra pública en 30 mil millones de pesos, altas tarifas”, indicó. “Estamos para cooperar porque entendemos que a todos nos tiene que ir bien”, aclaró, aunque concluyó que “nos queda mucha preocupación”. Ley y veto A 48 horas de la sesión, los principales referentes de Cambiemos admiten que, de no mediar un acuerdo político de último momento, el peronismo está en condiciones de avanzar con la aprobación de la ley, que retrotrae las tarifas a mayo de 2017. Esto obligará a Mauricio Macri a imponer un veto presidencial y pagar el costo político que ansía la oposición. El interbloque Argentina Federal, que responde a los gobernadores, buscará poner el eje en las ganancias de las empresas de servicios (luz y gas) para contrarrestar el argumento del gobierno nacional de que el tarifazo era la única manera de enfrentar la crisis energética. Intentarán dejar en evidencia que poner cien por ciento del peso en los consumidores no era "la única salida", como sostuvo Macri. Según La Política Online, entre los datos que se expondrán en la sesión especial del miércoles estarán los dividendos que varias empresas de servicios públicos pagaron a sus accionistas en los últimos meses y que dan cuenta de las ganancias que vienen obteniendo. Por ejemplo, la generadora eléctrica Central Puerto (la compañía de Nicolás "Nicky" Caputo, el mejor amigo de Macri) repartió ganancias por 1.060 millones de pesos. Otras compañías que pagaron dividendos fueron Transportadora de Gas del Norte (370 millones en abril); Distribuidora de Gas Cuyana (620 millones, en abril); Edesal Holding (136 millones, informó en octubre pasado, y otros 166 millones en 2016); y Transportadora de Gas del Sur (460 millones en 2016). La estatal YPF repartió 503 millones en 2015, 890 millones en 2016 y 715 millones el año pasado.