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rganizaciones kirchneristas de la Multisectorial de Derechos Humanos repudiaron el proyecto de modificaciones al Código Procesal Penal que obtuvo dictamen favorable en el Senado nacional gracias a firmas como las de los legisladores por Entre Ríos en dicha cámara, Pedro Guastavino y Sigrid Kunath, ambos subordinados al gobernador Gustavo Bordet y del bloque Justicialista que lidera Miguel Pichetto. Los organismos denunciaron en un comunicado enviado a INFORME DIGITAL que la iniciativa permite “ampliar el espionaje y la persecución que ya se viene haciendo sobre los ciudadanos y ciudadanas, pero fundamentalmente sobre quienes denunciamos y nos oponemos al ajuste y la represión”. Guastavino, en tanto, celebró el avance del proyecto, en el marco del ensamble de nueve leyes aprobadas por el Congreso que impactan en el nuevo Código Procesal Penal de la Nación, aprobado en 2014 mientras gobernaba el kirchnerismo en la Nación y que aún no ha sido implementado. Algunas de esas leyes son la Ley de Fragrancia, del Arrepentido, de Técnicas Especiales de Investigación, de Responsabilidad Penal Empresaria y de Ejecución de la Pena. El manifiesto de los organismos entrerrianos de Derechos Humanos apunta particularmente a la de Técnicas Especiales de Investigación. “Se iba a votar en el Senado silenciosamente, sin debate público, utilizando las maniobras de ocultamiento de siempre, una modificación al Código Procesal Penal con el objetivo de legalizar el espionaje discrecional, sistemático y masivo y así penetrar sin obstáculos en la intimidad de una persona”, alertaron. Según denunciaron, las modificaciones habilitarían la utilización de herramientas como el micrófono, la cámara y el localizador satelital del teléfono o computadora de la persona vigilada, incluyendo “el seguimiento de cada uno de sus pasos y hasta sus encuentros íntimos”. El texto propuesto deja “un amplio margen para cometer abusos y no se garantiza un adecuado control por parte de un organismo imparcial”, señala la Multisectorial, que enmarca el proyecto en los “atropellos sobre los derechos y libertades que el gobierno nacional viene implementando desde el 10 de diciembre de 2015”. Resulta además “altamente preocupante” para los organismos que la ley se impulse desde la oposición y, en particular, las rúbricas de Guastavino y Kunath. “Este sector partidario ya ha contribuido con Cambiemos en la aprobación de medidas antipopulares, como fueron la reforma jubilatoria y los pactos fiscales de ajuste entre la Nación y las provincias. Ahora esa alianza de hecho sirve para avanzar en la política represiva persecutoria del gobierno nacional. Asistimos a un alineamiento peligroso de doble filo: en el programa económico neoliberal y en el programa represivo”, los fustigaron. Por último, las organizaciones de Derechos Humanos exigieron “una discusión amplia en el contexto de un debate parlamentario con la debida participación de todos los sectores políticos, de especialistas y de organizaciones de la sociedad civil. A los legisladores y legisladoras nacionales, especialmente a los electos en las urnas por los entrerrianos y entrerrianas, reclamamos que se abstengan de votar”.