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e la redacción de INFORME DIGITAL La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) retoma la realización de su Congreso Extraordinario este lunes en Concepción del Uruguay. Sus principales debates serán la respuesta a la “nueva” propuesta de recomposición salarial y, especialmente, la definición de “estrategias de acciones a seguir” en el marco de la puja paritaria con el gobierno. El martes pasado el Ejecutivo provincial llevó a la tercera reunión con el sector una oferta que volvió a ser del 15 por ciento de recomposición del salario pero esta vez distribuído en dos cuotas y no tres: un 9,3 por ciento en marzo y un 7 en agosto. En realidad el tramo de marzo es un 8 por ciento de recuperación 2018, más el 1,3 por ciento que quedó pendiente de la cláusula gatillo por inflación 2017, que se pagará retroactivo a enero. Se propuso además rever la suba en caso de que la inflación de este año supere esas cifras. El gremio no rechazó la oferta ese mismo día, como sí había hecho con las dos anteriores y anticipó que la analizaría en las bases para tomar la decisión por la aceptación o el rechazo este lunes en Congreso. Además, al igual que en las dos reuniones anteriores y en declaraciones públicas desde principios de año, insistió en que el gobierno no debería incluir el pago de la cláusula gatillo en la paritaria 2018 porque ya había sido acordada en la negociación 2017 y debía saldarse automáticamente desde diciembre. La otra definición central del encuentro docente de este lunes en La Histórica es la continuidad de la protesta para presionar al gobierno, probablemente con algún paro esta semana, o el dictado normal de clases y mantener la puja sólo dentro de la mesa de discusión con los funcionarios. La tradición de los últimos años del sindicato y el ánimo que se habría percibido en las bases en la ronda de consultas sobre la tercera oferta oficial indicaría que es más factible la opción por una nueva huelga, la cuarta en lo que va del ciclo lectivo 2018. En este contexto, en AGMER cayó muy mal el decreto Nº 97/18 MGJ, firmado por el gobernador Gustavo Bordet el pasado 16 de febrero, que obliga a los dependientes del Estado entrerriano a realizar las asambleas dentro de los lugares de trabajo. “Una medida de carácter extorsivo y discriminatorio hacia los sindicatos, lo cual no es más que una maniobra frente a la incapacidad para brindar respuestas”, la definieron desde la Comisión Directiva Central.