D

e la redacción de INFORME DIGITAL La posibilidad de la provincialización de la represa de Salto Grande fue puesta en agenda por el oficialismo local a mediados del año pasado. El impulsor de la iniciativa fue el senador por Concordia, Ángel Giano (FpV) y recibió el apoyo del gobernador Gustavo Bordet. El proyecto busca, en síntesis, que el complejo pase a manos de la provincia, medida que redundaría en una baja en la tarifa eléctrica. En Cambiemos hubo expresiones disímiles. Algunos se manifestaron a favor y otros en contra. Por ejemplo, el diputado Esteban Vitor se manifestó por la provincialización: “Si se lograra, nosotros estamos de acuerdo porque lo que se paga de electricidad hoy en Entre Ríos la verdad es que es sumamente costoso”, dijo en septiembre. En cambio, para el senador provincial Miguel Piana (Federación) “es nada más que un spot publicitario de campaña del peronismo”. Ahora, el ex senador nacional Héctor Maya le escribió una carta al Jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, para que por su intermedio el presidente Mauricio Macri resuelva la transferencia de utilidades de la represa a Entre Ríos, Corrientes y Misiones. "Para evitar el tarifazo eléctrico se debe cumplir la ley y nos devuelvan Salto Grande", expresó el exlegislador en un comunicado. En los fundamentos de su petición enviado a INFORME DIGITAL, Maya destaca que “se está prevaricando desde el año 2.000, lo que constituye el delito de no cumplir la ley y señala que ello se concreta, poniendo precio irrisorio a la energía que sale de la represa, para de esa manera estafar y no pagar utilidades a Entre Ríos 67,5%, Corrientes 27,5% y Misiones 5%”. En su planteo al Jefe de Gabinete, solicita que arbitre los medios para que el presidente disponga el cumplimiento de la ley 24.954, que trasnifere utilidades de la represa a las tres provincias antes mencionadas. En rigor, Maya peticionó que “en lugar de pesos y evitar la discusión del valor de la tarifa, se entregue en el pie de la represa a nuestras provincias, la misma cantidad de energía que se adjudica a la República del Uruguay. De esta forma podremos distribuir energía a precio razonable y promover actividad económica y fuentes de trabajo, usando como promoción nuestra energía”. Al concluir su reclamo, el ex senador nacional señaló que “a partir de la reforma constitucional de 1994, los recursos naturales son de las provincias y ello se cumple con el petróleo, gas, minería etc. Siendo una excepción ilegal inaceptable lo que se viene haciendo con Salto Grande y sus provincias”.