E
l servicio de colectivos en Paraná se licitó, por última vez, en 1984, al inicio de la democracia. El 18 de agosto de ese año se dictó la ordenanza Nº 6.723 a través de la cual se establecieron las bases y condiciones del servicio, que originalmente se preveía por ocho años, pero que luego de su adjudicación fue renovada sucesivamente por las distintas administraciones municipales sin intervención del Concejo Deliberante: por decreto. El entonces intendente Humberto Varisco promulgó la ordenanza el 20 de agosto de 1984. Después de más de tres décadas, el servicio volvió a licitarse y a entregarse a un nuevo consorcio –a decir verdad, las mismas empresas, con distinto nombre societario- la concesión. El actual intendente Sergio Varisco, hijo del exintendente Humberto Varisco, fue quien rubricó el contrato de concesión. Por primera vez, en 1984, se estableció que el servicio de colectivos funcionaría en la ciudad entre las 5 y las 0,30, y extendiéndose hasta la 1 los sábados, domingo y víspera de feriados. Y respecto de las frecuencias, los días hábiles el “mínimo” de servicio a prestar estará dado por la frecuencia de 10 minutos con una tolerancia de 5 minutos entre unidades. En días inhábiles o feriados, el mínimo de servicio a prestar estará dado por la frecuencia de 15 minutos con una tolerancia de 5 minutos entre unidades. Ahora, el actual jefe comunal firmó el convenio de concesión del transporte urbano de pasajeros. El servicio será prestado, durante los próximos ocho años –igual que en 1984-, por la empresa Buses Paraná, Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformado por las prestatarias Mariano Moreno y ERSA, que sucede así a la otra denominación, Asociación Transporte Urbano de Pasajeros (ATUP). La renovación de la concesión del transporte público de pasajeros, en los últimos 30 años había sido renovando automáticamente, hicieron notar desde el gobierno de la ciudad. El proceso incluyó la discusión y constitución de un nuevo marco regulatorio para el funcionamiento del servicio de colectivos urbanos, establecido por el Concejo Deliberante, y posteriormente el desarrollo de audiencias públicas con participación de usuarios y distintos actores sociales involucrados en la temática, para fijar las condiciones y requisitos que debían contemplarse en el pliego del llamado a licitación pública del servicio. La convocatoria a las empresas se formalizó mediante Licitación Pública Nº 46/17.