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uan Manuel Ducler, hijo del ex financista fallecido Aldo Ducler, y sus abogados, Alejandro Sánchez Kalbermatten y Pablo Brugo, fueron detenidos (y liberados en tiempo récord) luego de extorsionar a Sebastián Eskenazi, uno de los directores del Nuevo Banco de Entre Ríos, entidad que es explotada desde el año 2005 por el Grupo Petersen que lidera el empresario. El chantaje se comprobó en medio de un operativo que incluyó "una entrega controlada" de dinero, cámaras ocultas y grabaciones de audios. El procedimiento fue solicitado por la fiscal Cinthia Oberlander, cuyo dictamen solicitando la indagatoria de los sospechosos incluye detalles secretos sobre la "negociación" que intentó montar Ducler con el titular del Grupo Petersen. Desde la muerte de su padre, Juan Manuel Ducler declaró públicamente que tiene información reservada vinculada con la ruta de los fondos de Santa Cruz que administró Néstor Kirchner en sus años como gobernador. Ducler hijo ha dicho que los dineros provinciales fueron utilizados para sanear el Banco de Santa Cruz –propiedad del Grupo Petersen– y para la compra de la petrolera YPF, donde los Eskenazi ingresaron como accionistas. En sucesivas reuniones con distintos cabecillas del grupo Petersen -entre ellos varios directores del Banco de Entre Ríos- Ducler hijo, Sánchez Kalbermatten y Brugo presionaron a los Eskenazi para que les entreguen montos por hasta 20 millones de dólares para que no se filtren o difundan públicamente datos que supuestamente los vinculan con los desvíos de fondos públicos de Santa Cruz en tiempos de Néstor Kirchner. La crónica completa de los encuentros fue publicada por Infobae: La primera reunión: El 3 de noviembre, Pablo Brugo, ex cuñado de Sebastián Eskenazi, solicitó un encuentro. Con la creencia de que se trataba de una reunión para debatir cuestiones familiares, el empresario convocó al abogado a las 11, en su oficina. "Hola, Sebas, mirá que esto es importante", había advertido Brugo antes del cara a cara. El encuentro se realizó el 8 de noviembre en Cerrito 740. Brugo indicó que acudía en nombre de Juan Manuel Ducler y de su abogado, Sánchez Kabelmatter. Y confesó que "estaban en la búsqueda de dinero con la intención de que Ducler hijo no siguiera declarando mediática y judicialmente contra la familia Eskenazi y el Grupo Petersen". Sorprendido por el tenor del encuentro, Sebastián Eskenazi aseguró que desconocía esa información y le sugirió a Brugo que continuara el tema con el director de legales de la compañía, Mauro Dacomo. Ínterin entre la primera y la segunda reunión: Matías Eskenazi, Ezequiel Eskenazi y Mauro Dacomo se reunieron en privado y decidieron continuar "negociando" la propuesta que había realizado Brugo con la finalidad de entender qué es lo que estaba sucediendo. Arbitraron los medios necesarios para grabar los encuentros, certificarlos con escribano público y denunciar los hechos ante la Justicia. En ese lapso, también hubo un nuevo intercambio de mensajes entre Eskenazi y Brugo, donde este último advertía: "Sebas, sin ganas de molestarte, te cuento que mañana están invitadas a la mesa de Mirtha Legrand las dos personas que te comenté el otro día". Segunda reunión: El 21 de noviembre, Brugo, Kalbermatten y Dacomo se reunieron nuevamente en las oficinas ubicadas en la calle Cerrito. En ese cónclave, los imputados solicitaron "20 palos" para "no filtrar información confidencial" supuestamente dañina para el "Grupo Petersen". Expresaron los abogados que dicha documentación estaba en poder de Aldo Ducler (ex administrador de los fondos de la provincia de Santa Cruz) y ante su deceso quedaron en posesión de su hijo, Juan Manuel. Juan Manuel Ducler denunció que su papá fue asesinado. Sin embargo, las pericias demostraron que la muerte fue provocada por una isquemia cardíaca y por problemas cardíacos preexistentes. No hubo envenenamiento, un video de seguridad muestra que el financista se desplomó solo en la vía pública. En la filmación del encuentro del 21 de noviembre quedaron registrados diálogos que prueban los hechos denunciados. Por ejemplo, se escucha a Brugo decir: "Todo el mundo quiere agarrar a Juan Manuel para que largue la información, según lo que me comentaron, la orden es destrozar a los Eskenazi; cuando a mí me contaron esto, pedí que paren la mano y vinimos a verte". Y agrega: "Que Marcela esté en un expediente –en relación a su hermana y ex esposa de Sebastián Eskenazzi– a mí me da mucho miedo por ella, que es un arma de doble filo. Es una bomba, tiene serios problemas de ira, empieza a hablar, hablar y hablar… A mí no me gustaría verla hablando de Sebastián". En otro momento de la conversación, Sánchez Kalbermatten amenaza: "Mirá que la SEC está interesada, el FBI también. Si no tenemos garantías, podemos replicar la misma causa allá". La advertencia alude a las autoridades de la Bolsa de los Estados Unidos, a la agencia de inteligencia y a la posibilidad de que se inicie un expediente judicial que pudiera complicar los negocios internacionales del grupo empresario argentino. Ambos "negociadores" hicieron referencia a distintas personalidades de la política que supuestamente estaban interesadas en acceder a la información que poseía Juan Manuel Ducler. Tercera reunión: El 5 de diciembre, nuevamente en Cerrito 740, piso 11, se reunieron Brugo, Sánchez Kabelmatter, Juan Manuel Ducler, Mauro Dacomo y Leonardo López. El encuentro fue grabado y certificado por el escribano público Mariano Donovan. En esa conversación se insistió en la repercusión que podía tener la divulgación de la información que tenían y se hizo alusión a la necesidad de que mostraran una "luz" o "una reserva" como un gesto de buena voluntad. También llevaron un supuesto resumen de los documentos a los que hacían referencia y que podrían ser dañinos para la imagen del Grupo Petersen. Los imputados insistieron una vez más en la "presión" que recibían desde distintos sectores políticos para difundir la información. En el registro de ese cónclave se escucha por ejemplo a Dacomo decir: "Si ustedes no llegan a un acuerdo con nosotros, probablemente divulguemos la información". Y Ducler agrega: "Tengo presiones varias, muchos me están pidiendo información; tengo la presión de Carrió, tengo la presión del Ministerio de Justicia que quiere que sea testigo protegido, tengo la presión del FBI de los Estados Unidos y también me están ofreciendo hacer libros con esta historia". El último contacto antes del operativo de ayer entre Brugo y Sebastián Eskenazi fue el 12 de diciembre. Los imputados reclamaban una compensación y se quejaban por la falta de respuestas. El 13 de diciembre el Grupo Petersen hizo la denuncia penal. El caso fue delegado en la fiscal Oberlander, quien le recibió declaración testimonial a Ezequiel y Matías Eskenazi, a Dacomo y López. Analizó las cámaras ocultas –que validó como prueba– y le pidió al juez Rodolfo Cresseri una "entregada controlada". Fuentes judiciales consultadas por Infobae señalaron que en las reuniones nunca quedó claro cuál era la información que los acusados tenían ni a qué estaba referida puntualmente. El magistrado le derivó el operativo a la División de Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal. La fuerza fue a las oficinas del Grupo Petersen –en Cerrito 740, donde se hicieron las reuniones– y puso cámaras. Le pidió a Dacomo que cite a Ducler y sus abogados para el jueves a la tarde. Un día antes hubo otro encuentro en el que se acordó el pago de un millón de dólares. Ducler y sus abogados llegaron al edificio. En el encuentro recibieron 300 mil dólares que guardaron en un raquetero. El dinero estaba en fajos termosellados que estaban marcados por la Policía. Todo fue controlado por las fuerzas. Los tres fueron detenidos por los policías en la puerta del edificio. El dinero fue devuelto al Grupo Petersen, pero quedó en depósito judicial porque es prueba de la causa. La fiscal los acusó del delito de chantaje, que es una forma de extorsión. El chantaje tiene una pena de tres a ocho años de prisión para "el que por amenaza de imputaciones contra el honor o de violación de secretos" extorsione a una persona. El chantaje no requiere que el motivo de la extorsión sea verídico, por lo que alcanza con que se compruebe el hecho. La causa judicial se encuentra en secreto de sumario y con los tres acusados liberados tras la detención quedarán para febrero las indagatorias de Ducler, Sánchez Kalbermatten y Brugo.