D

e la redacción de INFORME DIGITAL En medio de un clima de tensión in crescendo entre el gobierno nacional y los gremios por las leyes de reformas laboral y jubilatoria, la alianza Cambiemos ingresó en la Legislatura entrerriana un proyecto de ley que busca avanzar en la modernización del Estado a través de un régimen que generará, por lo menos, controversia con el sector de los trabajadores de la administración pública provincial. El proyecto encomienda al Poder Ejecutivo, es decir al gobernador Gustavo Bordet y su gabinete, "la realización de un censo biométrico de todos los agentes activos pertenecientes a la administración central y organismos descentralizados y autárquicos del Estado provincial". Incluye al personal de planta permanente y con contratos de locación de servicios. El próximo paso previsto es que la Dirección General de Recursos Humanos del ministerio de Gobierno y Justicia analice la información obtenida y eleve un informe al titular del ministerio. Dicho informe deberá contener datos sobre una serie de variables que generarán polémica. Entre otros puntos, son: - "índices de eficiencia productiva, ausentismo, accidentes de trabajo, temporalidad, movilidad interna; - "necesidades del personal, incentivos y capacitación; - "un sistema de calificación del personal para su promoción; - "evaluación de desempeño del personal actual y la posible generación de necesidades laborales; - "proyección de potenciales necesidades de personal ante futuros acogimientos al régimen jubilatorio actual o ante la posible implementación de cualquier régimen de jubilación anticipada". "Reglas de juego claras para los agentes estatales" En los fundamentos del proyecto ingresado el pasado 17 de noviembre por Cambiemos en la Cámara de Diputados se entiende a la modernización del Estado "como objetivo primordial para el logro de una mayor eficiencia" y admite perseguir para ello el "conocimiento real sobre los recursos humanos con que cuenta la administración pública". Asimismo, considera que para "optimizar" la gestión se busca evitar "tareas repetitivas, pérdida de tiempo laboral, ausentismo laboral, etc". Incluso, advierten los diputados de Cambiemos, la información que se recabaría con el censo podría ser utilizada para la negociación paritaria con el sector. "Periódicamente se discuten pautas para lograr una recomposición salarial en relación con los índices inflacionarios pasados y proyectados, pero poco se analiza y discute la necesidad de establecer reglas de juego claras para los agentes estatales", se señala en el proyecto al que accedió INFORME DIGITAL. Por lo tanto, sugieren, "la existencia de este tipo de datos permite tomar decisiones más acertadas en relación con medidas internas vinculadas a la administración de personal". Por último, conscientes de las repercusiones que tendrá la iniciativa, los legisladores insisten en que "antes de la realización" del censo biométrico "es importante lograr una previa internalización o comunicación para los agentes" de los "beneficios" de la medida y de la "inexistencia de cualquier finalidad vinculada a la persecución, control indebido o precarización laboral". El proyecto