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l jardín de niños Acunate corre riesgos de ser cerrado debido a que el Superior Tribunal de Justicia decidió romper un convenio firmado allá por 1995. Por decisión del máximo órgano judicial, la Justicia no pagará más el alquiler del inmueble donde se garantiza que los trabajadores estatales tengan un lugar donde enviar a sus hijos durante la jornada laboral. Se trata de una casa ubicada en calle La Paz al 100 de la capital entrerriana y el contrato vence en diciembre de este año. Cabe recordar que la Justicia entrerriana paga más de cien alquileres en estos momentos y según adujeron desde la alta cúpula judicial, la decisión se debe a un achicamiento del gasto. Desde el gremio aseguraron que el jardín "queda en una situación muy precaria, al borde de no poder funcionar". El jardín funciona con el cobro de una módica suma mensual, aportes de ATE, un subsidio provincial y el alquiler del STJ. El Superior Tribunal de Justicia (STJ), que paga más de cien alquileres todos los meses, ha entendido que tiempos de crisis debe achicar sus gastos y entonces decidió declinar el pago del alquiler mensual de la casa donde funciona el jardín Acunate, que recibe a hijos de trabajadores estatales de Paraná. La novedad le fue comunicada a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) a través del Oficio Número 493, mediante la cual el alto cuerpo comunica que ya no se hará más cargo del pago del alquiler del inmueble donde funciona el jardín. De esta forma, Claudia Mizawak rompe un convenio asumido en 1995, cuando se fundó el jardín materno-infantil, donde se estableció el compromiso de que el STJ dispondría de un espacio físico y el Poder Ejecutivo costearía los gastos de funcionamiento. El jardín se inauguró el 14 de marzo de 1995 y, en un principio, funcionó en un inmueble cedido por el Poder Judicial en calle Santa Fe 244, hasta que el Poder Judicial se lo requirió para instalar allí los Juzgados de Familia; pero en cambio asumió el compromiso de alquilar un inmueble para albergar al jardín, que se mudó a una casa ubicada en calle La Paz 160, donde funciona desde 2012. En los últimos tres años el Poder Judicial abonó la exorbitante suma de 1.092.144 pesos por el alquiler del inmueble (22.815 pesos mensuales en 2015, 29.659 pesos en 2016 y 38.538 pesos en el presente año), según consta en la Resolución Número 758/14 del STJ. El contrato vence en el próximo diciembre. Con su salario, cualquier vocal embolsaría esa suma en seis meses, por ejemplo. El Poder Judicial administra 103 inmuebles, como consignara Página Judicial. De ellos, 17 son propios (17 por ciento), 15 funcionan en centros cívicos (15 por ciento), 12 fueron cedidos en comodato (12 por ciento) y los 59 restantes son alquilados (57 por ciento). Uno de estos últimos lo ocupa el jardín materno-infantil Acunate. Para el presupuesto del Poder Judicial significaría un ahorro. Insignificante, por cierto. El jardín de infantes, en cambio, “queda en una situación muy precaria, al borde de no poder funcionar si no se resuelve este punto, ya sea por rectificación de la medida judicial o la asignación de un nuevo espacio para que continúe funcionando esta importante institución”, advirtieron desde la Comisión Directiva Central de ATE en un comunicado publicado por Página Judicial. Por este motivo, desde el gremio han solicitado audiencias con la presidenta del alto cuerpo y con el gobernador Gustavo Bordet, para abrir “un canal de diálogo” y “tratar este problema que de no resolverse puede ser el desenlace final para el jardín”. El jardín de ATE Acunate es un jardín de origen gremial que funciona a partir una idea que les surgió a varias mujeres afiliadas a ATE, y que se supo sostener con esfuerzo militante de las maestras jardineras, cocineras y ordenanzas aún en los tiempos de las peores crisis. Brinda atención a unos setenta chicos, hijos de empleados públicos, de entre 45 días y 4 años. Funciona de lunes a viernes, de 6.30 a 13.30, con ese margen entre el horario de ingreso y egreso de los padres de las distintas reparticiones; tiene un staff de 13 empleados y se sostiene con los aportes del sindicato, una módica cuota mensual y un subsidio anual del Gobierno provincial para los gastos de funcionamiento. Es que en el jardín no sólo se cubren las necesidades asistenciales sino también el desarrollo integral de los niños, a través de distintas actividades tendientes a reforzar las posibilidades de aprendizaje en los primeros años; y las responsables de ello son las maestras jardineras que acompañan el crecimiento de los chiquilines, pacientes para su adaptación –y más pacientes para contener a los padres–, buenas observadoras, contenedoras. “Para ATE, el jardín es un orgullo y una de sus políticas más importantes, hasta allí llegan las personitas más importantes de esta familia que formamos como sindicato”, dicen desde el gremio. Para el Poder Judicial, en cambio, es ahorro.