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os fiscales de Estado de las provincias volverán a protagonizar una cumbre el viernes a las 11 en la Ciudad de Buenos Aires para intercambiar criterios y pulir los últimos detalles de las contestaciones que, de manera individual, en las últimas horas ya comenzaron a elevar a la Corte, para defenderse ante el millonario reclamo de María Eugenia Vidal en pos de la actualización del Fondo del Conurbano que amenaza con millonarias quitas de coparticipación para el resto de los distritos. Del encuentro participará Julio Rodríguez Signes, Fiscal de Estado de Entre Ríos y vicepresidente del Foro. de Fiscales de Estado. Los tiempos se aceleraron, con los inminentes vencimientos escalonados para esas presentaciones que se activan para los distritos, en su carácter de "terceros demandados", frente a la intención de Vidal de volarle el techo de $ 650 millones que obtura a esa asistencia federal desde 1996. En un marco de hermetismo, ya fueron elevadas algunas de las contestaciones al máximo tribunal. Ese lote incluye por caso al Gobierno del peronista salteño Juan Manuel Urtubey, mientras que al último distrito que le expira el plazo es a Tierra del Fuego, de la justicialista Rosana Bertone, a principios de noviembre. La preocupación de los mandatarios no es antojadiza, ya que Buenos Aires podría elevar ese monto a unos $50 mil millones anuales, en detrimento de los otros comensales de la torta fija del 10% de la recaudación del Impuesto a las Ganancias: el resto de las provincias. La cita del viernes de los Fiscales de Estado -menos el bonaerense, origen de la demanda- será nuevamente en el Consejo Federal de Inversiones, que ya los albergó en el encuentro del 25 de agosto. El fiscal de Estado de Entre Ríos y vicepresidente del Foro de Fiscales de Estados, Julio Rodríguez Signes, dijo que "la idea es intercambiar información; es una demanda compleja porque procesalmente somos 22 provincias y no podemos cometer ningún error". El Fiscal de Estado anticipó que el Gobierno de Gustavo Bordet remarcará, entre sus argumentos jurídicos, "que no se puede modificar con una sentencia de la Corte el régimen de la coparticipación, porque está sostenido en pactos fiscales". En la contestación se apoyará en abundante prueba, vinculada a demostrar que "de hacerse lugar a la pretensión bonaerense el presupuesto de Entre Ríos se vería afectado gravemente sobre todo en gastos corrientes", en el marco de una pérdida anual potencial de unos $3.500 millones "que son vitales para sostener el gasto provincial, que ya es deficitario".