L
os mismos gobernadores que firmaron el acta de responsabilidad fiscal con la Nación -sólo no lo hicieron La Pampa y San Luis- condicionan el tratamiento del anteproyecto de ley que este viernes presentaron en el Senado los ministros de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del Interior, Rogelio Frigerio. Entienden que para cumplir con las metas de reducción del gasto primario deben resolverse dos temas claves: el Fondo del Conurbano y la renovación del impuesto al cheque. La coincidencia entre todos los mandatarios pasa por una cuestión lógica: si prosperara el reclamo judicial de María Eugenia Vidal por el Fondo del Conurbano y las provincias debieran resignar recursos (55.000 millones de pesos por año) no podrían cumplir el compromiso que firmaron para lograr superávit y no aumentar impuestos.
La misma situación se repetiría si hay una reducción del impuesto al cheque y los distritos recibieran menos fondos por esa vía o por otra incluida en el proyecto de reforma tributaria, que el presidente Mauricio Macri prometió enviar al Congreso antes de fin de año.
El primer acuerdo de responsabilidad fiscal se suscribió en marzo y se ratificó a fines de agosto. Dujovne confió en que la iniciativa -que se convertirá en proyecto cuando haya dictamen de los senadores- tendrá un rápido tratamiento.
Los mandatarios confían en que la Corte Suprema podría aceptar el planteo de Vidal y ordenar que la solución sea buscada por los otros dos poderes; es decir, que se arregle en el ámbito político.
Respecto del impuesto al cheque, que vence a fin de año, las provincias quieren conocer la propuesta de la Casa Rosada sobre su reforma (podría ser una baja gradual o su cobro a cuenta de otros tributos), pero reclaman un aumento en la coparticipación. Impulsan que pase del actual 30 por ciento -las provincias reciben efectivamente el 17 por ciento- al 50 por ciento.
A cambio, Córdoba impulsó una iniciativa -bien recibida por el resto de los distritos- para la eliminación de Ingresos Brutos de extraña jurisdicción. La suba de la coparticipación del impuesto al cheque compensaría la pérdida de recursos.
En el gobierno de San Juan indicaron a la nacion que las actas se firmaron "en función de la fotografía actual de recursos; si hay una modificación radical en las transferencias, ese texto queda en letra muerta".
El planteo respecto de la responsabilidad fiscal es el mismo que los gobernadores hicieron hace unos meses en reuniones con funcionarios nacionales sobre la coparticipación y cambios tributarios: primero hay que saber qué se va a repartir para después determinar cómo se hará la distribución.
Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal señala que bajo una regla de responsabilidad fiscal estricta, en cuatro años el gasto público provincial podría bajar dos puntos del PBI y el nacional, 3,3 puntos del PBI. "Mientras más laxa es la regla, se reduce el esfuerzo fiscal necesario para disminuir el peso del gasto en ambos niveles de la administración".
Si bien los economistas coinciden en que el acuerdo base de la ley es un paso adelante, entienden que incluye "muchas ventanas" que le dan flexibilidad. La norma incluye una cláusula que impide incorporar personal permanente en los últimos seis meses de gestión.
En el gabinete del mandatario santafesino Miguel Lifschitz, quien busca acelerar un acuerdo para cobrar la deuda de 40.000 millones por las retenciones para financiar a la Anses que zanjó la Corte, insistieron en que se debe avanzar en la solución de los problemas de distribución de recursos, porque si no los acuerdos quedan en la nada.
Varios gobernadores coincidieron en que hay que buscar soluciones a los principales problemas planteados, para que no se repita la historia de la anterior ley de responsabilidad fiscal, que nadie -ni la Nación ni las provincias- cumple.
"Con el esquema actual de coparticipación y con las deudas que la Nación mantiene con las provincias ya es complejo cumplir con lo firmado. Si, encima, se recortan recursos será imposible", sintetizó un ministro del gobernador riojano Sergio Casas ante La Nación.
