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e la redacción de INFORME DIGITAL El ex gobernador y presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Urribarri, presentó a través de sus abogados en el Ministerio Público Fiscal de la provincia un escrito en el que “se pone a disposición, ofrece colaboración y anticipa su voluntad de declarar” en la causa judicial que investiga la contratación de su administración a la productora Nelly Entertainment SA por $28 millones, en el marco de la Cumbre de Presidentes del Mercosur realizada en Paraná en 2014. El ex mandatario descartó que haya habido “problemas o irregularidades administrativas” y consideró que “estamos todos en peligro si la interpretación de un contenido comunicacional puede constituirse en la base de una acusación penal”, según registra su parte de prensa enviado a INFORME DIGITAL. “He tomado conocimiento que desde el Ministerio Público Fiscal se ha iniciado una investigación que procura determinar si en el curso de aquella gestión se han producido irregularidades encuadrables en algún tipo penal. Desde ya rechazo tal posibilidad”, remarcó. Sin embargo, con el patrocinio de su abogado Marcos Rodríguez Allende, anunció en su escrito que “a los efectos de dejar en claro mi actuación legítima, ofrezco mi colaboración en los términos del artículo 16 del Código Procesal Penal de la Provincia de Entre Ríos. Téngase presente”. Urribarri anticipó su “total rechazo” a los argumentos de la investigación preliminar, que llevan adelante los fiscales Santiago Brugo y Alejandro Cánepa, y fundamentó, en clave política, que “fue un evento histórico, nunca antes seis presidentes habían estado en la provincia, no obstante la importancia que el MERCOSUR reviste para la economía de Entre Ríos”. “Si bien se trató de un hecho político de singular importancia, también significó un enorme desafío administrativo y logístico. Tuvimos que disponer de nuestra organización y energía para asegurar el éxito de los encuentros, en el que entre otras cuestiones trascendentales, se discutía la incorporación plena de Bolivia al bloque regional”, ahondó el ex jefe de Estado provincial. En tanto, reseñó en su presentación espontánea que “para afrontar la situación desde el punto de vista político, administrativo y presupuestario y encuadrarla legalmente”, envió a la Legislatura un proyecto de ley que declaraba de interés provincial la Cumbre y ordenaba “una serie de disposiciones para dar un marco legal a las contrataciones de suministros, obras y servicios inherentes a la Cumbre”. Se refirió así a la ley 10.327 que creó la Unidad Operativa Cumbre del Mercosur (UOCM), con la que “dio marco jurídico a la gestión administrativa y patrimonial dado que no se podía responder a las necesidades del evento aplicando la legislación común”. Además, subraya Urribarri que “me regí por las disposiciones de la Constitución de la Provincia de Entre Ríos, por la Ley Nº 10327 y supletoriamente por la Ley de Administración Financiera Nº 5140 y por la Ley de Obras Públicas Nro. 6351”. La Unidad Operativa Cumbre del Mercosur contó con la facultad de “utilizar el procedimiento de contrataciones directas para la ejecución de las obras, contratación de los servicios, adquisición de suministros y en general para toda compra y/o todo otro acto y/u operación que resulten necesarios” en el marco del evento internacional. Estaba integrada en su coordinación por funcionarios del entonces gobierno de Urribarri y por empresarios de la Cámara de la Construcción de Entre Ríos, representados en primer término por Miguel Marizza. Del Ejecutivo la primera responsable fue la actual titular de Vialidad Provincial, Alicia Benítez de Feltes, , entonces secretaria de Obras y Servicios Públicos. El escrito del ex gobernador agrega que los contratos de la Unidad tuvieron “la intervención previa de la Contaduría General de la Provincia y la posterior de la Legislatura de la Provincia de Entre Ríos, que aprobó lo actuado”. Sin embargo, fiscales del Ministerio Público han detectado irregularidades por las que impulsaron investigaciones. En una de ellas que han sido citados a declarar, entre otros, el entonces ministro de Cultura y Comunicación y hoy diputado provincial, Pedro Báez, y el dueño de la productora televisiva en cuestión en esta causa, Jorge “Corcho” Rodríguez. El actual presidente de la Cámara Baja se refirió a su vez al “capítulo comunicacional” de todo el andamiaje administrativo de la Cumbre: piezas que “se confeccionaron y difundieron bajo la misma cobertura legal. Además, específicamente en el tema de avisos televisivos, la temática de los mismos fue claramente institucional y de promoción de valores y activos provinciales”. Los fiscales están indagando, por un lado, los pormenores de la contratación de la productora de Nelly por $28 millones y, por otro, las características de los spots difundidos a propósito de la Cumbre del Mercosur, más precisamente si no estaban direccionados a promocionar la figura personal de Urribarri. En su texto dado a conocer este miércoles, él asegura que fueron “no muy diferentes a decenas de avisos protagonizados por gobernadores hablando de su provincia a lo largo de las últimas décadas”.