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esde 2009, la provincia distribuye a los municipios el porcentaje mínimo exigido por el decreto 206 del Ejecutivo nacional que dio origen al Fondo Federal Solidario, creado para la realización de obras de infraestructuras sanitaria, educativa, de viviendas y vial. Un 70 por ciento queda en las arcas del Estado entrerriano y el 30 se reparte. Legisladores piden que se incluya en la distribución a las juntas de Gobierno, con un 10 por ciento. Es a través de un proyecto de Ley presentado este miércoles en la Cámara de Diputados de Entre Ríos, que propone que las justas de Gobierno sean partícipes de la distribución del Fondo Federal Solidario. La iniciativa, del diputado radical Fuad Sosa, propone que el 10 por ciento de los recursos correspondientes a la provincia sea distribuido entre las juntas de Gobierno, sin perjuicio de los fondos que deben coparticiparse a los municipios. Cabe recordar que, en marzo del año 2009, el Poder Ejecutivo nacional creó un fondo de compensación a las provincias (Fondo Federal Solidario) por el que se distribuye el 30 por ciento de las retenciones a las exportaciones de soja, informó AIM. Si bien las provincias que adhirieran al decreto debían establecer su propio régimen de distribución de estos fondos a los municipios, el decreto del PEN estableció un mínimo del 30 por ciento. Lo que hizo la Legislatura entrerriana fue ni más ni menos que cumplir con lo mínimo: un 30 por ciento a los municipios y dejar el 70 restante en las arcas provinciales. En sus fundamentos, Fuad Sosa remarca que no se distribuye "nada de manera regular a las juntas de Gobierno", siendo que "es en la enorme mayoría de ellas donde se siembra la oleaginosa que genera este fondo y a su vez sufren los inconvenientes de esa actividad", entre los que menciona fumigación y pérdida de monte nativo. La "injusta situación", alega el diputado, "se potencia al considerarse que hay municipios que no cuentan con estos cultivos en sus ejidos y no obstante reciben cuantiosos fondos”. En el articulado se prevé que ese 10 por ciento se distribuya el 20 por ciento en partes iguales y el 80 restante según el porcentaje de kilómetros de caminos secundarios y terciarios que exista en la jurisdicción de cada una de ellas. La provincia deberá transferir esos recursos dentro de los 15 días posteriores al envío de fondos que realice el Estado nacional. La normativa deja en claro que las juntas de Gobierno “solo podrán destinar los fondos percibidos (…) exclusivamente a la realización de obras de infraestructuras sanitaria, educativa, de viviendas y vial (…) sin que ninguna circunstancia pueda autorizar su empleo en otros fines". De aprobarse este proyecto, unos 100 millones de pesos –según la recaudación de 2016- deberían distribuirse entre las juntas de Gobierno de la provincia, muchas de las cuales podrían pasar pronto a ser comunas, a partir del correspondiente proyecto de ley que remitió el Poder Ejecutiva a la Legislatura.