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a ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció la decisión del gobierno de Mauricio Macri de dar marcha atrás con la baja de decenas de miles de pensiones a personas con discapacidad, pero aclaró que habrá una revisión caso por caso para determinar quiénes no deberían recibir ese beneficio. En un comunicado, la funcionaria -que este jueves mantuvo una reunión con el jefe de Gabinete, Marcos Peña- reiteró que el Gobierno "va a asegurar el pago de las pensiones a todas las personas que sufren una discapacidad" y advirtió que ha existido una "utilización política de este tema por parte de mafias que lucran con el clientelismo". Stanley sostuvo que "lo primero que queremos es transmitir tranquilidad al respecto y que hay un millón y medio de familias que reciben una pensión en la Argentina y que la van a seguir cobrando". La ministra explicó, además, que se restablecerán "todas aquellas pensiones de personas que tienen discapacidad y que, por error de aplicación de criterio, pueden haberse quedado sin cobrar la pensión en este último cobro". E indicó que en esos casos "la van a estar recibiendo la semana que viene". Por esa razón, pidió a toda la gente que "tenga la tranquilidad de que van a estar recibiendo nuevamente su pensión". La marcha atrás con la baja de pensiones, considerada por todo el arco opositor como impopular, se suma a otras que ha tomada la administración Macri. Algunas de ellas fueron: La "movilidad" del 24 de marzo En enero de este año, el Gobierno decretó el fin de los feriados puente y, aunque determinó que algunas fechas quedarían inamovibles, todos se sorprendieron al ver que el 24 de marzo fue clasificado como “movible”. Esto despertó una rebelión de gobernadores (La Pampa, Santa Cruz y Chubut) que decidieron desobedecer el decreto y declarar “no laborable” el Día de la Memoria. Finalmente Germán Garavano, ministro de Justicia y Derechos Humanos, y la vicepresidenta Gabriela Michetti admitieron el error y volvió a declararse “inamovible”. Decretazo por las ART En su cruzada por los límites de los juicios por accidentes laborales, el presidente firmó un decreto de necesidad y urgencia en el que modificaba el régimen de ART. Esto resonó con fuerza en el Congreso ya que el Senado le había dado media sanción al proyecto; varios miembros del Parlamento reprocharon que Macri haya recurrido a un DNU en lugar de convocar a sesiones extraordinarias. Ante el factible rechazo de la oposición al decreto, el oficialismo cambió su postura y llevó el proyecto a la Cámara de Diputados. Aumento de tarifas En 2016, el ministro de Energía Juan José Aranguren quedó en el ojo de la tormenta luego de anunciar un abultado incremento en las tarifas de gas y luz. El ministro de Energía defendió su medida ante una enardecida Cámara de Diputados que le recriminaba no haber convocado a audiencias públicas para debatir el incremento. La Corte Suprema le dio su primer gran revés al Gobierno y le ordenó retrotraer los cuadros tarifarios además de dictaminar la obligación de las audiencias. Correo y jubilaciones En febrero de este año, el mandatario anuló la resolución que modificaba el cálculo de la actualización automática de las jubilaciones y pidió a la Justicia volver a foja cero con el acuerdo entre el Estado y la empresa de su familia por la deuda del Correo Argentino.