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e la redacción de INFORME DIGITAL En un nuevo capítulo para la polémica de la gestión de Silvio Moreyra al frente del municipio de Santa Elena, la oposición radical denuncia que se los está persiguiendo de diferentes modos. En este caso, sería imposibilitando que desarrollen su actividad comercial, en particular un boliche en la zona céntrica de la localidad del departamento La Paz. Apuntan al intendente, a un funcionario de la Agencia Fiscal de la Municipalidad (AFIM) y a la jueza de Faltas local. Según la denuncia opositora, desde oficinas municipales se están imponiendo trabas administrativas injustificadas a la habilitación del local bailable, ubicado frente a la plaza principal, perteneciente al vicepresidente de la Juventud Radical santaelensense, Aníbal Andrés Alegre. Rumores atribuyen la maniobra a las intenciones de uno de los hijos de Moreyra de incursionar en el rubro de la actividad nocturna con su propio boliche, por lo que tendría intenciones de evitar la competencia radical, sacándola de una zona fuertemente codiciada para explotar negocios de esta naturaleza. Las dilaciones llevaron al joven radical Alegre a realizar una presentación ante el Instituto Nacional Antidiscriminación (INADI) el 10 de mayo contra Moreyra, Valeria Burckard (Jueza de Faltas) y Carlos Neuman (AFIM) por “conductas discriminatorias por razones políticas”. El dirigente radical asegura que es “víctima de distintas maniobras dilatorias ejercidas por funcionarios municipales de alto rango” que le impiden abrir su boliche y así dar “trabajo a varias personas en una ciudad desbastada por la desocupación”. El “plan sistemático” que denuncia consistiría en “solicitar requisitos que no se lo exigen a ningún otro contribuyente y que saben de ante mano que en otra oficina se lo negarán”, según consta en el expediente al que accedió INFORME DIGITAL. El organismo convocó a una audiencia de mediación para resolver el litigio en ciernes, pero Moreyra no fue y se constituyeron sólo el funcionario Neuman, la jueza Burckard y el abogado de Alegre, Hernán García. En la instancia, presidida por la asesora letrada del INADI en la provincia, Romina Aquilini, se pasó a un cuarto intermedio destinado a concretar reuniones que “destraben” el conflicto. La denuncia ante el INADI