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e la redacción de INFORME DIGITAL En la Legislatura de la provincia de Entre Ríos los proyectos de ley de acceso a la información pública, promoción de la participación ciudadana y transparencia de la gestión ya casi se amontonan. El diputado Joaquín Lamadrid, acompañado de otros integrantes del bloque Cambiemos, presentó una iniciativa para adherir a la ley nacional sobre el tema aprobada el año pasado. Lo curioso en este caso es que otro diputado de la misma bancada y partido (PRO), Esteban Vitor, elaboró un proyecto casi idéntico, que ingresó en Diputados en diciembre pasado. Llamativo también es que Vitor no figura entre los coautores de la nueva iniciativa. En rigor, el que ahora presentó Lamadrid es de adhesión a la legislación nacional sancionada en 2016, mientras que el del diputado de la Sociedad Rural tiene su articulado propio, aunque basado fundamentalmente en la norma nacional. Otro proyecto ya había sido presentado, a modo de Iniciativa Ciudadana, en noviembre, por parte del “Foro de Políticas Públicas”, conformado por miembros del pensamiento político de desarrollismo, socialismo, PRO, GEN, Socialismo Auténtico, Frente Renovador y UCR. Y hay más antecedentes. Pero, por el momento, ninguno ha sido aprobado. “El Poder Ejecutivo Provincial establecerá la autoridad de aplicación de la presente ley, quien deberá reglamentarla dentro de los noventa (90) días de su sanción”, manda el texto nuevo. Los fundamentos remiten a la argumentación usual en este tipo de proyectos. “El derecho de acceso a la información se constituye como herramienta legal para alcanzar la transparencia de los actos del Estado, pero también como medio de fiscalización y participación efectiva de todos los sectores de la sociedad”, postula Lamdrid en el texto al que accedió INFORME DIGITAL. También justifica que “cuanto mayor y más precisa sea la información pública disponible para la ciudadanía, menores serán la discrecionalidad de la burocracia y la probabilidad de que se extienda la corrupción en la administración estatal”. La ley nacional fue votada en septiembre del año pasado. El Congreso de la Nación saldó una deuda pendiente con la democracia al sancionar su primera Ley de Acceso a la Información Pública, con acuerdo de gran parte del arco político.