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ederico Tomas, presidente interino del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos y postulante a formalizar el cargo dijo que aspira “lograr que el organismo de control público externo de la provincia sea respetado por los diferentes sectores”. Reniega de que su conducción quede en manos de la oposición. Tomas tiene una antigüedad de 28 años como funcionario del organismo y lo preside interinamente desde el 16 de agosto del año pasado. Respecto del proceso de normalización de la entidad, recordó que “con la modificación de la Constitución provincial de 2008, se previó en el artículo 213 que quienes ocuparan la presidencia, las vocalías y las fiscalías del Tribunal de Cuentas de Entre Ríos, accedieran a sus cargos por concurso público. Esto fue reglamentado a mediados de 2016 mediante la ley 10.436”. Según manifestó, lo que se pretende es que el Tribunal sea un organismo “independiente, con autonomía para resolver las cuestiones que le competan. Considero que la oposición política debe cumplir con su rol y estoy convencido que no debe estar al frente de los organismos de control externo”. Lo diferenció, por caso, de la Auditoría General de la Nación, según publicó Máxima Online. “Los organismos de control tienen que estar a cargo de profesionales eminentemente técnicos sin vinculaciones ni con el oficialismo ni con la oposición política. Este fue el perfil que se le dio al Tribunal con la reforma constitucional de 2008”, entendió el funcionario. Tomas explicó que algunas líneas de trabajo emprendidas van en el rumbo que la Constitución le da al Tribunal: “la facultad de poder intervenir antes de una contratación significativa por parte del Estado. Es lo que denominamos control preventivo”. A su vez, precisó que desde su asunción interina se intervino en más de 40 trámites administrativos. Uno de los trámites que mencionó está generando una fuerte polémica en la Legislatura: compra centralizada de medicamentos por parte del ministerio de Salud de la provincia por un valor de 1800 millones en tres años, a razón de 600 millones de pesos por año. La licitación, cuyo llamado aún no fue publicado, recibió objeciones del TdC, y es motivo de cruces entre el diputado Alejandro Bahler y el ministro de Salud Ariel De la Rosa El titular del Tribunal concluyó que “el control siempre molesta pero es una facultad que tenemos por imperativo constitucional y aspiro a que este organismo de control externo público sea respetado por los diferentes sectores”.