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e la redacción de INFORME DIGITAL Los diputados provinciales Ricardo Troncoso (Recuperación Radical) y Mariela Tassistro (UP-Frente Renovador) ingresaron este martes un pedido de informes en la Cámara Baja provincial. Quieren saber “cuál firma o empresa es la encargada de proveer el servicio de software de gestión y administración en la liquidación de sueldos docentes entrerrianos”. También solicitan derogación de resolución del CGE.Desde Casa de Gobierno rechazaron que una empresa esté a cargo del servicio. Las liquidaciones de los sueldos docentes en Entre Ríos están en el ojo de la tormenta desde el año pasado, cuando empezaron a registrarse mes tras mes errores en el pago. El sueldo de marzo llegó a miles de trabajadores de la educación con descuentos. Algunos fueron por adherir a paros y otros por inasistencia. Pese a que desde el gobierno aseguraron que no fue por “errores de liquidación”, los legisladores provinciales pidieron precisiones sobre la firma que administraría la misma. El ministro de Economía Hugo Ballay, en cambio, afirmó que “ni está privatizado el sistema ni existe ninguna empresa. Lo que cambió es que la liquidación de los docentes no se hacen más en el CGE sino en la Dirección de Liquidaciones del ministerio de Economía”. La firma señalada como responsable del software a través del cual se hacen las liquidaciones es Lemondata. Pero Troncoso y Tassistro quieren corroborarlo. El pedido se basa en saber, centralmente: “quién es el titular de la misma; cuándo resultó adjudicada, mediante qué tipo de licitación y número de la misma; cuál es el monto acordado en dicha contratación; cuánto abona la Provincia mensualmente; cuáles son concretamente las ventajas o utilidades que brinda el software; qué organismo del Estado provincial verifica o audita”. Por otra parte, los diputados, mediante un proyecto de resolución, pidieron al Ejecutivo la derogación de las normativas N° 2.565 y N° 2.566 del CGE. Mediante la primera, se puso en vigencia “un manual de funciones para directivos de escuelas que, entre otros deberes, le impone el de informar qué docente asiste y cuál no, y por qué razones, y fundamentalmente, cuántos se adhieren a las medidas de fuerza”. La N° 2.566, amplió aquella directiva, incorporando entre las funciones del personal directivo de las escuelas, “realizar el control y carga de las asistencias del personal del establecimiento’, a través del Sistema de Administración de Gestión Educativa (SAGE)”, consta en los fundamentos del proyecto legislativo que ingresó este lunes a la Cámara. Pedido de informes Proyecto de resolución