L

a presidente del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, Claudia Mizawak, tomó este lunes juramento a Miguel Giorgio, quien asumió el cargo de Vocal Interino de la Sala Nº 1 de Procedimientos Constitucionales y Penal del Alto Cuerpo. Había sido designado interinamente por Acuerdo General Nº 07/17 y su pliego se encuentra actualmente en revisión en el Senado provincial. El juez reemplaza al ex vocal Carlos Chiara Díaz, quien renunció el 7 de febrero en medio del cisma político-judicial que había desatado en la provincia su juicio político. Luego de la declinación de Chiara Díaz, en acuerdo con la oposición y descartando la posibilidad de reducir la cantidad de miembros del máximo órgano judicial entrerriano, el gobernador Gustavo Bordet eligió al concordiense Giorgio para completar el STJ. Del acto en el Salón de Acuerdos del STJ participaron el vicepresidente del STJ y presidente de la Sala del Trabajo, Bernardo Salduna, el presidente de la Sala Civil y Comercial, Emilio Castrillón, el Procurador General de la Provincia, Jorge García y el Defensor General de la Provincia, Maximiliano Benítez. Giorgio se desempeñaba como vocal del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná. El mecanismo previsto por la Constitución provincial establece que el pliego de antecedentes del juez propuesto por el Poder Ejecutivo deberá ser aprobado por la Cámara de Senadores. Mientras tanto, el STJ, en uso de sus atribuciones, resolvió designarlo en forma interina hasta la cobertura del cargo definitiva. Publicación de pliegos La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos del Senado recibió formalmente el miércoles el expediente del Poder Ejecutivo, que solicita acuerdo para nombrar a Giorgio. Este lunes y martes se pondrán a disposición de la ciudadanía entrerriana los datos filiatorios y antecedentes curriculares de Giorgio, que forman parte del pedido de Acuerdo. Se hará la publicación en el Boletín Oficial, en dos diarios de circulación en la provincia por dos veces y en la página web de la Cámara Alta. Después de la segunda publicación ciudadanos y organizaciones en general, pueden ejercer el derecho a manifestarse sobre el candidato propuesto. Deben hacerlo fundadamente y por escrito, refiriendo a las calidades y méritos del candidato propuesto, se recordó. Esto se podrá hacer por el término de diez días hábiles dirigiéndose a la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, publicó APF. Además, los legisladores están habilitados para pedir a Organismos Públicos y/o Privados, informes atinentes a la situación del candidato y en referencia al cargo a cubrir.