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a fiscal de Concepción del Uruguay Melisa Ríos dispuso la ampliación de la apertura de la causa iniciada tras la denuncia del intendente de Basavilbaso, Gustavo Hein (Cambiemos), que a días de asumir, en enero de 2016, radicó una presentación tras detectar irregularidades en una obra de cloacas que demandó 6,4 millones de pesos. Los trabajos habían sido financiados con recursos nacionales durante el gobierno de su antecesor, Silvio Valenzuela (FpV), hoy diputado provincial. La funcionaria judicial imputó al ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Verbauvede, al empresario Oscar Pereyra, de la contratista Intecint, y a cinco ingenieros que certificaron los trabajos. Por irregularidades en una obra de menor valor en el Cementerio Municipal también fue imputado el constructor Leonardo Schaaf. La obra de cloacas en cuestión corresponde al barrio Estrada de la localidad. Según la denuncia de Hein, los trabajos no estaba hechos en su totalidad, sino que se encontraba ejecutado sólo el 13,22%, pero figuraba certificado y pagado el 81,63% del avance, según un informe del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa). La inversión total fue de 6,4 millones de pesos provenientes del plan nacional Más Cerca, que también mostró irregularidades en otros municipios entrerrianos, especialmente en obras de pavimento. El caso cobró especial notoriedad al conocerse en agosto de 2016 un presunto plan de amedrentamiento contra Hein, que incluía un ataque a su casa. La noticia recorrió los medios nacionales y el intendente fue recibido por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. A la vez, el diputado nacional Marcelo Sorgente (Cambiemos) informó sobre el caso en el recinto de la cámara baja. En base al informe de una auditoría realizada por Enhosa, a los datos aportados por Hein y a información proveniente de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Tribunal de Cuentas, la fiscal consideró que correspondía proceder a la ampliación de la apertura de la causa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 212 del Código de Procedimientos Penales. Al ex secretario de Obras y Servicios Públicos, Mariano Gabriel Verbauvede, Ríos le endilgó la defraudación a la municipalidad, en una imputación que abarca también a Oscar Augusto Pereyra, representante de la firma Intecint, que tuvo a su cargo los trabajos cuestionados, y a los ingenieros Gisela Viola, Martín Caballero, Hugo Toneguzzo, Silvio Ceferino Vallejo y Héctor Conte, que firmaron los certificados de obra en los que se detectaron irregularidades. A Verbauvede se lo imputa por no haber impedido “el pago irregular e ilegal ante la manifiesta y grosera diferencia entre lo certificado como avance de obra y lo realizado por la contratista”, lo que le hubiera correspondido “en su carácter de funcionario municipal con competencia en la obra pública”. A Pereyra se lo imputa en carácter de coautor, al igual que a los cinco ingenieros. En relación a otra obra de la gestión Valenzuela, pero de menor envergadura, también se imputó a Verbauvede. Es por la construcción de tres núcleos sanitarios y una sala de reducción en el Cementerio Municipal. Se imputó también por esta causa al ingeniero Vallejo y al contratista Leonardo Jorge Luis Schaaf. La obra contemplaba una inversión de 64.000 pesos y, según la fiscal, “Vallejo suscribió falsamente certificados de obra”. Según publicó Análisis Digital, las conductas de los imputados encuadran, para Ríos, en los delitos de fraude a la administración pública en concurso ideal con uso de documento falso, incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado. Los imputados fueron citados a prestar declaración indagatoria en audiencias previstas para los días 4 y 5 de abril, previa designación de abogado defensor.