P

or iniciativa de los diputados Hugo Marcucci (UCR Santa Fe) y el radical entrerriano Jorge D´Agostino, la Cámara de Diputados de la Nación se apresta a dar tratamiento a la Agencia Nacional Anticorrupción y a establecer los parámetros para los conflictos de intereses de los funcionarios públicos en el marco de sus competencias. Los también radicales diputados Mario Negri (UCR Córdoba) y Karina Banfi (UCR Buenos Aires) impulsan iniciativas similares. La problemático del conflicto de intereses quedó al descubierto semanas atrás al revelarse el escandaloso acuerdo que estaban por cerrar el gobierno nacional con la empresa Correo Argentino S.A., que habría beneficiado en 70 mil de millones de pesos –según dictamen fiscal- a la familia Macri, ex titular de la firma. El mismo parte del diputado D’Agostino enviado a INFORME DIGITAL admite que “nadie deja de pensar que el disparador de esta norma nace como consecuencia del reciente caso públicamente conocido como la Quiebra de Correo Argentino SA”. El entrerriano advirtió que en dicho caso “el Presidente tiene a familiares involucrados como deudores y acreedores del Estado Nacional”. En una reciente entrevista, Mauricio Macri admitió “ahí me equivoqué” en alusión a la controversia con la empresa, ya que reconoció que sabía del conflicto de ineteres aunque optó por no intervenir. El radical D’Agostino, que no ha escatimado críticas al presidente en cuestiones vinculadas a medios de comunicación, como el reciente cese de programación de LT14, indicó que con el proyecto “estamos complementando la Ley de Ética Pública, para apartar a los funcionarios que se vean incursos en conflictos con sus funciones, tanto laborales, económicos, financieros o de sus parientes, ampliando la responsabilidad hasta el vínculo con personas jurídicas” “Si quienes están en esa situación son el Presidente, el Vicepresidente, el Jefe de Gabinete o sus Ministros, debe actuar la Auditoria General de la Nación para dirimir la cuestión, y los funcionarios inferiores tienen vedada su intervención, con sanción de nulidad en caso de incumplimiento”, agregó el referente de la Corriente Illia. Respecto de la Agencia Nacional Anticorrupción, Jorge D´Agostino manifestó que la ley elimina la Oficina Anticorrupción, cuya integración depende del Poder Ejecutivo, y se sustituye por una integración de sus directivos “con el mismo rigor que para designar ministros de la Corte Suprema”. El organismo tendrá personería jurídica, patrimonio propio y podrá actuar como denunciante o querellante en las causas. “Investiga, previene y asesora a la administración, se trata de un salto cualitativo en la lucha contra la corrupción y la transparencia en la administración” completó el legislador nacional entrerriano.