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n proyecto de resolución que promueve la adhesión a la iniciativa que impulsa la provincialización del Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande fue presentado en Concordia por los concejales oficialistas Irma Bergalio y Alberto Armanazqui y se espera su tratamiento en la próxima sesión del cuerpo. La iniciativa de los ediles plantea el apoyo al proyecto de ley denominado “de soberanía energética”, de autoría del senador provincial Ángel Giano (FpV-Concordia). En los fundamentos del proyecto, los ediles expresan que “la Constitución Nacional de 1994 prevé en su artículo 124º, segundo párrafo, que ‘corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio’”. También señalan que “este dispositivo, que tiene 22 años de vigencia, viene a resultar nada menos que el reconocimiento positivo y energético del federalismo de los recursos, en este caso los naturales”. “Como resulta de nuestro caso concreto, desde nuestra propia toponimia, en Entre Ríos somos poseedores del recurso de los grandes cauces del Paraná y del Uruguay, dotados de riquezas como la pesca, la biodiversidad, la explotación turística y, por supuesto, el tema que nos convoca: la energía”, señalaron los concejales, al tiempo que recordaron que “a partir de aquel artículo, se originó la ley 24.954, que ratifica el acuerdo entre las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones que, en síntesis, ordena distribuir los excedentes de la explotación del complejo hidroeléctrico de Salto Grande, para paliar los efectos negativos de dicha explotación”. “Nuestra carta magna provincial reformada en 2008 establece en su artículo 85º que los recursos naturales existentes en el territorio provincial corresponden al dominio originario del Estado Entrerriano, que ejerce el control y potestad para su aprovechamiento, preservación, conservación y defensa. Y en ese mismo artículo, entre otras previsiones también se dispone que la provincia concertará con las restantes jurisdicciones el uso y aprovechamiento de las cuencas hídricas comunes”, señalaron los ediles. Por ello, entienden “suficientemente fundada la presentación del proyecto en cuestión máxime si se tiene en cuenta que el proceso energético tiene como resultado un alto costo para el usuario, producto de la decisiones políticas que al respecto adoptó el gobierno nacional desde diciembre de 2015, ya que hasta ese momento la decisión de Néstor Kirchner primero, y Cristina Fernández después, fue totalmente opuesta: no hacer caer el peso de esos costos sobre los trabajadores y las pequeñas y medianas empresas”.