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a cantidad de mercadería que llegó al país en dos contenedores desde los Estados Unidos como una supuesta donación para la Universidad Adventista del Plata (UAP), en Entre Ríos, le demandó a los controladores aduaneros de Campana 28 días para calcular el valor de la carga: 14.867.633 de pesos. Pero todo era una simulación. Supuestamente se trataba de equipamiento electromecánico hospitalario, pero en realidad era un contrabando de productos de electrónica de alta gama y de una operación de importación, que se encuentra prohibida, de productos farmacéuticos y de la medicina nuevos y usados. Así lo entendió el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que en las últimas horas procesó por el delito de contrabando a dirigentes de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día y a una despachante de aduana. De Sousa, por su parte, fue señalado como el responsable de recolectar las donaciones del culto para Argentina en Estados Unidos. Según la resolución judicial, publicada por La Nación, los acusados habrían cometido el delito de contrabando "al dificultar, mediante ardid y engaño, el adecuado ejercicio de las funciones que las leyes acuerdan al servicio aduanero para el control sobre las importaciones, realizando actos con el propósito de someter a la mercadería a un tratamiento aduanero y fiscal distinto al que corresponde a los fines de su importación, y haciendo uso de autorizaciones especiales y certificaciones expedidas contraviniendo las disposiciones legales y específicas que regulan su otorgamiento con el fin de obtener, respecto de la mercadería que se intentó importar, un tratamiento aduanero o fiscal más favorable al que correspondiere y mediante la presentación ante el servicio aduanero de documentos adulterados necesarios para cumplimentar la operación". Los procesados, según el expediente judicial, fueron el presidente de la Asociación Argentina Adventista del Séptimo Día (Aaasd), Carlos Gill Krug; el tesorero de la Aaasd, Carlos Giménez Graf; Roberto Giaccarini, que trabaja en la Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) desde 2002; Oscar Ramos, rector de la UAP; la despachante de aduana Nilda Saira y De Sousa Matías, exvicerrector de la Universidad Adventista del Plata, ubicada en la ciudad de Libertador San Martín, Entre Ríos. A Gill Krug, Giménez Graf, Giaccarini, Ramos y De Sousa Matías se le trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 2.000.000 de pesos. Para Saira el embargo fue hasta cubrir la suma de 600.000 pesos. Todos continúan el proceso en libertad. El caso se hizo público en julio pasado, cuando la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) y la Dirección General de Aduanas informaron que "al realizar la verificación se pudo constatar la existencia de mercadería sin declarar que viola el régimen de donación. Surgió, además, la existencia, prima facie, de una operación de contrabando documental y físico".