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l diputado nacional por Entre Ríos, Julio Solanas (FpV), presentó un proyecto que modifica el artículo 10 de la ley de Financiamiento Educativo, que busca frenar el traspaso de la discusión paritaria nacional al ámbito de cada una de las provincia, objetivo que comenzó a aplicar la Rosada. Para Solanas, esa política "tiene por objetivo flexibilizar el trabajo y las condiciones salariales de los docentes". ​"Está reforma surge ante la política de ajuste y desconocimiento de derechos que el gobierno de Macri impone cada día a los trabajadores", dijo el legislador. En ese marco, dijo que "correrse del rol de garante del derecho de la educación, implica desconocer los postulados de la propia Ley de financiamiento educativo (N° 26.075) y tiene como antecedente la política desarrollada por el gobierno militar de 1976, que por una resolución ministerial anticipaba la necesidad de acelerar un proceso de descentralización". "Claramente el mantenimiento de la educación pública no es un objetivo de la política macrista, basta con remitirnos al DNU 13/2015 de modificación de la ley de Ministerios donde se estableció expresamente que el flamante ministerio de Educación y Deportes deberá "entender en la definición de los objetivos de la política educativa concertados en el seno del Consejo Federal de Educación y dentro del marco de los principios establecidos en la Ley Federal de Educación", asestó. También lo encuadró en el Pacto Federal Educativo (Ley N° 24.856). ​ Luego dijo que "de esta manera se retomaba la Ley Federal de Educación y el Pacto Federal Educativo (del gobierno menemista), desconociendo arbitrariamente las leyes de Educación Nacional, la Ley de Educación Técnica y la Ley de Financiamiento Educativo que fueron votadas muchas de ellas por unanimidad durante la última década". Y agregó que "esta decisión del ejecutivo persigue el fin de no asumir la responsabilidad por la política educativa y por ende de la carga presupuestaria, con la excusa de racionalizar la utilización de los recursos sin tomar en cuenta la calidad educativa". "Estimamos necesario establecer expresamente las obligación, de carácter indelegable e insustituible que tiene el Estado Nacional como garante del acceso a la educación pública y gratuita para todos los ciudadanos de nuestro País", cerró.