E

n un nuevo capítulo del juicio que enfrenta la Municipalidad de San Salvador por discriminación laboral promovido por una empleada pública que fue postergada de su carrera administrativa por más de 23 años, un nuevo revés judicial deja firme el fallo que en setiembre de 2016 dictó la Cámara Contencioso Administrativa Nº 2 de Concepción del Uruguay. El municipio sansalvadoreño, que gobierna el intendente Marcelo Berthet (PJ), no obtuvo resolución favorable al recurso de inaplicabilidad de ley que había planteado contra la sentencia condenatoria y ahora deberá hacer frente al pago de una importante suma de dinero a la agente Liliana Beatríz Berthet –prima hermana del jefe comunal- "por haberla marginado en su derecho de ascenso y promociones en su carrera", indica el parte de prensa del abogado y ex senador provincial Juan Carlos Arralde enviado a INFORME DIGITAL. La empleada exige que se le reconozca su derecho de recategorización automática cada 10 años –derecho que le había sido denegado en su reclamo interno ante el mismo Departamento Ejecutivo- y se le indemnice el daño moral causado "por la injusta discriminación laboral padecida durante una veintena de años", se afirma. La Justicia –en un fallo inédito que no tiene antecedentes en la provincia y sienta una trascendente jurisprudencia- ordenó al Municipio a otorgar 2 categorías más por encima de la actual de su situación de revista, a abonarle retroactivamente por los últimos 8 años (2008 al 2017 inclusive) las diferencias salariales entre categorías, el adicional por permanencia, más los intereses y el pago de un resarcimiento por daño moral, "debido a la injusta marginación y bloqueo de la carrera administrativa de la agente municipal", que no obtenía promociones, ascensos ni recategorizaciones a pesar de carecer de antecedentes disciplinarios y acreditar un buen legajo. El Estatuto de Trabajadores y Empleados Municipales de San Salvador tiene diseñado un sistema de recategorización automática cada 10 años, mediando permanencia en la categoría, y una bonificación por antigüedad progresiva en 5 tramos hasta llegar al decenio, como modo de estimular el desempeño del agente. "La judicialización del asunto vuelve a poner en el tapete la discusión acerca de las arbitrariedades cometidas por el Estado y sus funcionarios, al considerar que las recategorizaciones, la promoción de agentes estatales, el otorgamiento de adicionales y funciones constituyen una suerte de poder graciable sin sujeción a control alguno, manteniendo al trabajador estatal como rehén de trifulcas partidarias, políticas o personales, desincentivando al buen empleado y al trabajador cumplidor y eficiente y barriendo con normativas que muchas veces por temor, desconfianza o abandono de la lucha quedan en el olvido frente al avance abusivo de las peores prácticas estatales", destacó Arralde, abogado de la trabajadora en cuestión.