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a ordenanza –de autoría del concejal de Cambiemos, Pablo Hernández– había sido sancionada por el Concejo Deliberante en la sesión del 20 de octubre de 2016. Disponía la creación de un “Gabinete Interdisciplinario para la Prevención y Abordaje de la Problemática de la Violencia Laboral”, cuyo objeto era prevenir, administrar procedimientos y propender a la erradicación de casos de violencia en contextos laborales en las dependencias municipales. Preveía además que la autoridad de aplicación fuera la Secretaría General y Derechos Humanos de la Municipalidad de Paraná. Si bien el Ejecutivo municipal destacó que la iniciativa pretendía brindar una “respuesta institucional-social urgente” al denominado moobing y buscaba prevenir “el desarrollo de conductas hostiles por acción u omisión que pudieran surgir de uno o varios agentes y/o funcionarios del estado municipal, enmarcadas en el maltrato síquico y social, maltrato físico, acoso laboral y acoso sexual”, también consideró que “lo pretendido escapa ampliamente a las incumbencias y potestades del gobierno municipal, toda vez que implicaría invadir competencias de otros poderes, como el judicial por ejemplo, tanto en los niveles provincial y/o nacional”. A esta conclusión se arribó luego de realizar “los estudios y análisis pertinentes” y de que las áreas competentes tomaran “debida intervención haciendo varias observaciones”, según se lee en los considerandos del decreto que veta en su totalidad a la ordenanza, según Apf. Allí también se destaca que “ya existe normativa vigente en el ámbito de la Municipalidad de Paraná que regula este tema, el cual se encuentra plasmado mediante Ordenanza 8902, que fuera promulgada por Decreto N° 811 de fecha 11 de junio de 2010”. Por último, se señala que “tampoco se han previstos los recaudos presupuestarios que eventualmente implicaría dotar a la Secretaría General y Derechos Humanos de los elementos idóneos, en el hipotético caso que fuera viable la implementación física de un servicio como el que se pretende”. El veto total fue dispuesto mediante el decreto Nº 2424, fechado el 22 de noviembre de 2016 y que lleva las firmas del intendente Sergio Varisco y el Secretario Legal y Técnico de la Municipalidad, Walter Rolandelli.