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l ex secretario de Obras Sanitarias de Entre Ríos (OSER) Hugo Righelato fue favorecido el 7 de diciembre con la prisión preventiva domiciliaria por 90 días por el juez de Garantías Eduardo Ruhl. Así, hasta principios de marzo podrá estar en su casa. Righelato permaneció alojado unos 24 días en la Unidad Penal 1 de Paraná, luego de que fuera sorprendido una noche de octubre trasladando documentación pública y una fuerte suma de dinero en su auto particular. La causa que se abrió es por negociaciones incompatibles con la función pública. Tras la detención que se ordenó sobre su persona para iniciar la investigación, el gobernador Gustavo Bordet lo echó de su cargo el 12 de octubre. Según informó Análisis Digital, la prisión preventiva domiciliaria fue un acuerdo del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la defensa del ex funcionario, representado por el abogado Matías Argüello de la Vega. Luego, ese acuerdo fue convalidado por el juez Ruhl. En los argumentos se considera que no existe peligro de entorpecimiento de la causa por parte de Righelato, porque en poco más de 20 días los fiscales Ignacio Aramberry y Juan Francisco Ramírez Montrull pudieron recabar prueba suficiente. Righelato tiene “bienes inhibidos y vehículos embargados”. Por esos motivos las partes entendieron que no hay peligro de fuga y que basta con que el ex director de OSER cumpla con el control periódico de cumplimiento de la medida. Righelato fue imputado por negocios incompatibles con la función pública en octubre, luego que la revista Análisis publicara una investigación sobre su dudoso desempeño al frente del organismo público por un lado y como miembro de empresas privadas del otro. A los pocos días de iniciada la pesquisa judicial, Righelato fue sorprendido trasladando documentación pública y unos 70.000 pesos en su auto particular. El ex director de Obras Sanitarias de la provincia se desempeñó en la función pública desde el último mandato de Jorge Busti, y durante los dos mandatos posteriores de Sergio Urribarri. La investigación gira en torno a las presuntas negociaciones incompatibles con la función pública, como así también peculado de bienes y servicios y la utilización de maquinarias de OSER en beneficio de empresas particulares. Al menos fueron tres las empresas a través de las cuales se habrían hecho negocios incompatibles con la función pública: Azul SRL; Ecocien SA y Tecnogeo SA.