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os tribunales de Comodoro Py -epicentro de la justicia federal- acumulan 922 procesos que investigan corrupción de funcionarios públicos, de acuerdo con estimaciones de fuentes oficiales. Se trata de los primeros datos de la primera auditoría sobre la justicia federal -impulsada por el Consejo de la Magistratura-, que contempla el relevamiento de todas las causas de corrupción que involucren a funcionarios en los últimos 20 años. El primer punteo de las autoridades del consejo contabilizó 5000 procesos concluidos y otros 2000 en ejecución, según un informe del diario La Nación. La mayoría de las investigaciones atraviesan la fase inicial: 720 causas que imputan a funcionarios públicos en Comodoro Py están en la etapa de instrucción. Es decir, la foto en perspectiva sobre Justicia revela que cerca del 80% de las causas están en manos de los jueces de primera instancia. Los magistrados que instruyen más casos en la actualidad son Claudio Bonadio (96), Sebastián Ramos (83), Sebastián Casanello (70) y Ariel Lijo (70). En cambio, los casos a cargo de la Cámara Federal -segunda instancia- son 80. Y las causas de corrupción elevadas a juicio son 122, una cifra distante de los 922 procesos totales que se trabajan en Comodoro Py. En el último lustro se recuerdan unas pocas sentencias de funcionarios públicos por corrupción, como la ex ministra menemista María Julia Alsogaray, el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y la ex ministra de Economía Felisa Miceli, por ejemplo. Miguel Piedecasas, vicepresidente del consejo, considera “habitual” que muchas de las causas que atraviesan la instrucción no lleguen a los tribunales orales federales, aunque remarcó como "un dato importante" los casos de sobreseimiento por prescripción de las causas, es decir el paso de los años sin acciones judiciales. Auditoría Durante la última sesión de 2016, el Consejo de la Magistratura resolvió dar acceso público a la información en crudo de la primera auditoría sobre la justicia federal. El organismo había aprobado el pasado junio una resolución que ordenaba una auditoría sobre todos los juzgados, cámaras y tribunales orales federales del país para conocer el estado de las causas iniciadas desde 1996 por hechos de corrupción. Se confeccionará un informe definitivo que se pondrá a disposición desde mayo.