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l tribunal de Gualeguaychú castigó con 14 años de prisión a Javier Broggi por Corrupción de menores en la modalidad de promoción, agravada por haberse cometido mediante engaños, consumados en forma reiterada bajo la modalidad de delito continuado, en concurso real en dos hechos en calidad de autor. Los jueces Alicia Vivian, Alberto Seró y Mariano Martínez no hicieron lugar al pedido de Fiscalía y querella sobre la prisión preventiva, por considerar que la solicitud carecía de fundamento. Broggi permanecerá con libertad restringida, debiendo fijar domicilio y presentarse cada 48 horas en la Fiscalía del lugar. Tampoco podrá salir de la provincia y el país, sin previa autorización del tribunal. Víctimas, familiares e integrantes de la ONG 'Con los Gurises No' celebraron el veredicto condenatorio contra el ex titular de Cultura de la Municipalidad de Urdinarrain, informó Análisis Digital. Broggi escuchó el veredicto junto al abogado Ignacio Fernández. El mismo anunció que el tribunal resuelve "en primer lugar, condenar al señor Sergio Javier Aníbal Broggi a la pena de 14 años de prisión y accesorias legales como autor penalmente responsable del delito de Corrupción de menores en la modalidad de promoción agravada por haberse cometido mediante engaños, en concurso real de dos hechos". Segundo, se leyó en Gualeguaychú, "no hacer lugar al pedido de prisión preventiva y por lo tanto (Broggi) quedará en libertad hasta que la sentencia se vuelva ejecutable". Los jueces entendieron que el alegato de la defensa “careció de fundamentos” y retomaron las consideraciones del fiscal Lisandro Beherán en casi todos los términos planteados. Según la sentencia, Broggi vulneró la humanidad de los jóvenes, “afectando el libre desarrollo de la sexualidad” y que “aprovechó” su función pública para ejecutar los abusos. El caso de Javier Broggi tomó estado público tras una investigación de la revista Análisis publicada en 2013. Tras conocerse las denuncias e iniciarse las investigaciones judiciales, Broggi fue imputado por el coordinador de Fiscales Lisandro Beherán y Martín Gil por “promoción de corrupción de menores agravado”, por la comisión de dos hechos ocurridos entre 2003 y 2004, aunque se sospechaba que cometió cerca de 40 abusos entre 1988 y 1995.