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l filo del cierre del año parlamentario, la oposición en la Cámara de Diputados logró este martes dejar sus diferencias de lado, se unificó detrás de un proyecto común para reformar el impuesto a las ganancias y le propinó al Gobierno la derrota política más dura desde que Mauricio Macri llegó al poder. De acuerdo con el texto acordado y aprobado anoche por la oposición en general por 140 votos a favor, 86 en contra y 7 abstenciones, el mínimo no imponible, el umbral a partir del cual los trabajadores pagan el impuesto, aumentará casi un 50 por ciento: para los empleados solteros pasaría de los actuales $ 18.800 de bolsillo a unos $27.700 netos; para los que son padres de dos hijos, de $ 25.000 de bolsillo a unos $ 36.300 netos. Para financiar los cambios, se propone crear nuevos impuestos, al juego y a la renta financiera, y reponer las retenciones a la minería, eliminadas por el Presidente a principios de año. De una dimensión política que sólo se había dado durante la votación de la ley antidespidos, luego vetada por Macri, el acuerdo terminó de cambiar el escenario en el Congreso, hoy adverso para la Casa Rosada. La conferencia de prensa en la que se anunció el texto de unidad incluyó al Frente para la Victoria (FPV), el Frente Renovador (FR), el Bloque Justicialista (BJ), el Frente Amplio Progresista (FAP), el Movimiento Evita y Proyecto Sur. Una postal inusual y preocupante para el oficialismo. "Buscamos un fino equilibrio para atender las necesidades de los trabajadores sin desfinanciar a las provincias", dijo Oscar Romero, presidente del BJ, al abrir la conferencia. Sólo quedaron fuera del acuerdo el Frente de Izquierda (FIT), que reclamó eliminar el impuesto para todos los asalariados, y los bloques provinciales aliados del Gobierno. Si el proyecto opositor llegara a convertirse en ley (ahora pasó al Senado), un millón de trabajadores dejarían de pagar el impuesto. Esto es la mitad de los alcanzados por el tributo, un universo que hoy ronda el 20% de los empleados registrados. A eso hay que agregar a los jubilados, que, según el acuerdo opositor, sólo pagarán a partir de los $ 60.000 brutos. Además de modificar el piso, la oposición propone que estén exentos del impuesto, con excepción de las escalas más altas, los viáticos, el aguinaldo y los bonos por productividad. Se agregan además nuevas deducciones, como los alquileres de vivienda única, con un límite de hasta $ 66.000 por año. Además, se mejoran las deducciones por créditos hipotecarios y se aumenta en un 45% la deducción por zona desfavorable para los trabajadores de la Patagonia, incluida La Pampa. El proyecto opositor contempla la creación de nuevos impuestos para cubrir el costo fiscal generado por la reforma, de unos $ 65.000 millones, unos $ 32.000 millones más que el dictamen del oficialismo. Se propone reponer las retenciones del 5% a la minería, crear un impuesto del 10% a las máquinas tragamonedas, otro del 7,5% a las apuestas online, gravar los plazos fijos mayores a $ 1.500.000, las ganancias de las Lebac, la remisión de dividendos al exterior y el reparto de dividendos. También se crea un impuesto extraordinario al dólar futuro. Se decidió además, en línea con un proyecto del oficialismo, que los jueces que asuman a partir de ahora paguen el impuesto, aunque el tributo no alcanzará a los empleados del Poder Judicial. Otros dos cambios importantes. Se establece un índice de actualización automática del mínimo no imponible, de acuerdo con la variación salarial. La intención es que sólo pague Ganancias el 10% de los trabajadores registrados. Se dispone además la duplicación de los topes de facturación de los monotributistas, consignó La Nación. Tras recordarle al oficialismo que Macri había prometido en campaña que los trabajadores no iban a pagar Ganancias, la oposición respondió a las críticas de Laspina. "Se han mostrado generosos con los sectores concentrados y cuando llega el turno de los trabajadores dicen que se les acabó la plata", dijo Axel Kicillof. "El oficialismo no quiso llegar a un acuerdo. El proyecto que vino del Ejecutivo terminaba incorporando nuevos trabajadores al impuesto", se sumó Marco Lavagna. Emergencia social La declaración de la Emergencia Social por tres años en todo el país fue aprobada este martes en la Cámara de Diputados con apoyo casi unánime, tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y movimientos sociales con el acompañamiento de la CGT. El proyecto, impulsado por el Movimiento Evita, obtuvo 227 votos a favor, y se estima que beneficiará a 3,5 millones de trabajadores, lo que significará para las arcas estatales un costo de 30.000 millones de pesos. La iniciativa, que ahora deberá tratar el Senado, propone declarar la Emergencia Social hasta el 31 de diciembre de 2019 en todo el territorio nacional, y fue negociada por la CCC (Corriente Clasista y Combativa), la CTEP (Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular) y Barrios de Pie, que este martes llevó adelante cortes en la Capital Federal y numerosas ollas populares en distintos puntos.