D
e la redacción de INFORME DIGITAL La municipalidad de Concordia, al mando de Enrique Cresto, busca recuperar galpones de la Costanera que actualmente se encuentran en manos de una firma privada. Los establecimiento fueron dados en concesión para su explotación por Gustavo Bordet, casi al final de su mandato, en octubre de 2015. Lo hizo mediante el decreto Nº 944 y por un período de 15 años. Ahora hay negociaciones avanzadas para que la firma Puerto Príncipe S.A, cuyo accionista más conocido es Miguel Marizza, dueño de la constructora Caballi S.A, devuelva al Estado municipal esos inmuebles. La iniciativa cuenta con el apoyo de los concejales de Cambiemos. Esteban Benítez dijo que el tema todavía no llegó a tratarse en el Concejo Deliberante, a pesar de que ya fue debatido en comisión. En ese marco, recordó su respaldo a la idea de rescindir el contrato con la empresa vinculada a Marizza: "dos concejales de distintos bloques, Carola Laner (Frente Renovador) y en el caso mío, de Cambiemos, salimos públicamente a solicitarle al intendente que tome la decisión política de rescindir el contrato”, dijo según consignó Diario Río Uruguay. Según Benítez, el expediente registra “muchísimas irregularidades, al momento de darse la concesión, e incumplimientos posteriores, por parte de la empresa”. Incluso, subrayó, “muchos funcionarios de esta gestión han manifestado su parecer, como el caso de Martín Buraglia, encargado del EMCONTUR; quién hace un informe lapidario con respecto a la empresa y su contrato de concesión”. En ese sentido, agregó que “existen sobradas y fundamentadas razones para rescindir este contrato”. El edil no dudó en tildar el proceso como “un error político y una barbaridad desde el punto de vista administrativo”. La empresa, según denunció, “no pagó el cánon en tiempo y forma; y no realizó las inversiones que se preveían, acusando a la situación de la inundación”. Por último y sobre las versiones que hablan de que en el lugar se instalará un boliche bailable, el edil adelantó que le parece “gravísimo”, ya que “no es lo que está previsto por el pliego de licitación”.