Q
ue el ministro del Interior Rogelio Frigerio tiene intereses no sólo políticos en la provincia de Entre Ríos no es ninguna novedad. Posee tres emprendimientos privados: Desarrollo Inmobiliario Alto Delta S.A (DIASA), Inversiones Alto Delta y Nogales de Entre Ríos. Lo hace en asociación con el diputado provincial de Cambiemos Martín Anguiano y supo tener vínculos también con el matrimonio que gobernó durante 24 años Villa Paranacito, el ex senador y ex intendente durante 12 años César Melchiori y su esposa, la ex intendente y actual diputada provincial Carmen Toller. Ahora, un sector de la dirigencia política rural de la zona emitió fuertes declaraciones referidas al impacto que las explotaciones inmobiliarias y turísticas pueden tener para la región. En particular, apuntaron al Barrio Náutico Sagastume, sobre la ruta provincial 46, que comprende 550 parcelas de un promedio de 600 m2 con salida náutica al río Uruguay. "Que expliquen por dónde va a pasar el agua” “Lo de Frigerio es emblemático, no hay otro caso igual en la zona. El campo era un bañado y es una herencia, se llama El Guazuncho. Son alrededor de 4.000 hectáreas que originalmente tenían a la ganadería como actividad principal. Hay 2.500 hectáreas endicadas”, dijo Jorge Temporetti, presidente de la filial Delta de la Federación Agraria, al sitio BigBangNews. Los voceros del ministro del Interior desligaron a Frigerio del emprendimiento y aseguraron que el barrio náutico es municipal, abierto al público y que, además, está frenado, ya que carece todavía de agua, luz, gas y cloacas, según publicó el mencionado portal. Temporetti afirmó que “esta es toda tierra inundable. Acá se están haciendo cosas que crean las condiciones para que ante un evento grave de la naturaleza tengamos una situación como la que generó el Katrina en Nueva Orleans. Si quieren hacer rutas y diques que van cercenando todas las zonas de paso del Paraná, con los caudales que tiene, quiero que me expliquen por dónde van a pasar el agua”. “Todo es ilegal, existe la ley pero nadie la cumple" Otro de los críticos, pese a ser primo del ministro, es el presidente de la Sociedad Rural de Islas del Ibicuy, Armando Cadoppi. “Las inundaciones se deben a que llueve y viene el agua de Brasil. Pero la excesiva permanencia de las aguas en los campos se debe a obras ilegales sin control ni regulación y sin plan integral de manejo hídrico”, describió el ruralista. “Todo es ilegal. Existe la ley pero nadie la cumple. Para llevar adelante un proyecto, hay que avisar al Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (CORUFA), que hace un año y medio que no funciona por presiones políticas. Ellos dicen tener un permiso pero en CORUFA no está registrado", cuestionó Cadoppi. El referente de la SRA agregó que “la concepción no es seguir evitando que el agua entre sino darle espacio para que el agua corra. La gente que vive en Sagastume es de Buenos Aires y el conflicto se le genera a los que viven en el lugar. Si no estuvieran pensando únicamente en su interés personal, tendrían que dar un ejemplo”. "Nada más que cinco emprendimientos pidieron autorización" Por su parte, el ingeniero Fernando Daniel, miembro del Cómite de Hidráulica de la Sociedad Rural, alertó sobre la falta de estudios de impacto hidráulico. "Paranacito está en el final del problema, con lo cual está en el lugar más comprometido. Sus habitantes son los que sufren todo. Lamentablemente para mí están destinados a desaparecer", arriesgó. De las explotaciones, dijo que "ninguno tiene los estudios que lo respalden. Hay 300.000 hectáreas de endicamientos en la zona y nada más que cinco emprendimientos pidieron autorización".