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l Gobierno exige a las provincias que justifiquen el gasto en vivienda. Envió a gobernadores e intendentes dos notas para que demuestren en qué gastaron los fondos; comprobó que algunas obras habían avanzado mucho menos que el dinero aportado; es la condición para nuevos desembolsos. Por ello, según trascendió, Entre Ríos devolverá $ 2,5 millones que le envió el Estado nacional porque no logró justificar el avance de obras, publicó este lunes La Nación, artículo al que se puede acceder a través de la sección de Entre Ríos en los medios nacionales. Por eso pusieron en marcha un plan para transparentar en dos movimientos el destino de miles de millones de pesos que la administración de Cristina Kirchner giró a provincias y municipios para la construcción de viviendas sociales. En julio y agosto pasados, la Secretaría de Vivienda y Hábitat, que maneja Domingo Amaya, les envió a todos los gobernadores -incluidos los oficialistas- y a los intendentes que recibían de manera directa los fondos dos notas para verificar en qué se gastaron los recursos destinados a la construcción de viviendas que les envió el Estado nacional. Allí, la secretaría les reclama que envíen para cada iniciativa el “certificado de avance físico y su correlato con el avance financiero de la misma”. El mismo documento pide también que las provincias clasifiquen en qué etapa se encuentra la obra (finalizada, en ejecución, paralizada) o si se pide la baja de aquélla. “Mediante las presentes acciones se busca depurar la cartera de obras, así como corroborar responsabilidades inherentes al cumplimiento de los acuerdos firmados con el Estado nacional”, sostiene la nota que recibieron las provincias. Según publicó el diario La Nación, desde la Secretaría de Viviendas de la Nación trascendió que Entre Ríos devolverá $ 2,5 millones que le envió el Estado nacional porque no puede justificar el avance de la obra en proporción a los fondos que recibió. El número es menor si se lo mira en el marco de las cuentas nacionales, pero demostrativo de la nueva situación en la que las autoridades exigen pruebas para corroborar el destino de los recursos. El Gobierno sospecha que Corrientes hará lo mismo, y hay más casos en que podrían retornar fondos públicos por la falta de realización de los proyectos.