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e la redacción de INFORME DIGITAL A fines de agosto gobierno de La Paz se vio sacudido por una nueva renuncia en el funcionariado del intendente de La Paz Bruno Sarubi (UCR-Cambiemos). Fue el ahora ex secretario de Obras y Servicios Públicos Cristian Galván quien pegó el portazo, tras lo cual fue denunciado ante la Fiscalía local por el propio presidente municipal, quien sospecha que el ex funcionario manejó con irregularidades el avance de una obra con un empresario local. El hombre de negocios también fue imputado en la causa que investiga el fiscal Santiago Alfieri. Es Sergio Winitzky, dueño de Constructora El Peruano, adjudicataria de la obra conocida como “Camino al Basural”, que desató la polémica y las pesquisas judiciales. El funcionario judicial reveló ahora que imputó a otros dos dependientes del municipio: Daniel Caino y Adrian Velozo, ambos del área de obras públicas. “Empezamos la investigación por los delitos de defraudación contra la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público”, informó el fiscal, según registró El Ojo Mirador. “Se está investigando si la obra se encuentra en la instancia que debe corresponder”, agregó Alfieri. Las sospechas pesan sobre las instancias de contratación, adjudicación, ejecución y pago de certificados de la obra “Camino al Basural”, según relató el funcionario judicial. Alfieri investiga “cómo fue el proceso de licitación –si la obra es la que debía hacerse- si el avance de la obra fue tal y si hubo connivencia entre funcionarios públicos con el constructor o negligencia a la hora de efectuar los contratos”, según expresó. Caíno y Velozo son investigados porque eran quienes expedían los certificados de avance de obra –“a nuestro criterio tuvieron que ver con el proceso de contratación y de pago de certificados”, dijo el fiscal- y Galván por haber sido el responsable de toda la cartera de Obra Pública. Winitzky, el empresario, por haber declarado un estado de obra que no se corresponde con el efectivamente realizado. El intendente Sarubi lo describió así: “creemos que hay irregularidades: no son 930 metros lineales, hay 778, y en vez de haber seis metros de trocha hay menos. Y hay menos metros cuadrados”. Los próximos pasos, indicó el fiscal, serán la auditoría de la obra “y con eso definir el estado y avance” de la misma, para corroborar “si amerita un delito penal o de incumplimiento de contrato”, explicó Alfieri, lo cual definiría la carátula de la causa.