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e la redacción de INFORME DIGITAL La Cámara 2º en lo Civil y Comercial de Paraná, a cargo del juez Oscar Benedetto, hizo lugar parcialmente al recurso de amparo interpuesto por el comunicador santaelenense Eduardo Cárdenas para acceder a información del Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper). El magistrado ordenó al organismo que informe sobre la cantidad de contratados y sus nombres en un plazo de diez días. En cambio, Benedetto no accedió al pedido del amparista, representado legalmente por el abogado Carlos Reggiardo, para que la obra social brinde datos sobre los criterios con los que se efectúan las contrataciones. El acceso de información a los contratos del Iosper deja en un lugar incómodo al ex titular de la obra social, Silvio Moreyra, actual intendente de Santa Elena. En rigor, el ex director del Iosper fue cuestionado en diferentes ocasiones por los contratos, ya que se asegura que una gran cantidad de militantes de su agrupación ‘Amo Santa Elena’ habrían ingresado al Iosper por su afinidad política. No son los únicos cuestionamientos que pesan sobre Moreyra. En 2014, Moreyra y allegados fueron denunciados penalmente por la posible comisión de delitos de enriquecimiento ilícito, hasta la malversación de fondos públicos y la asociación ilícita. Fue luego de que saliera a la luz que el Iosper auspició por 30.000 pesos los carnavales de Santa Elena de 2011 y que ese dinero terminó en manos de allegados. Y es que esa suma fue desembolsada a la empresa ‘LHA Servicios Publicitarios’, cuya titular era su cuñada Carina Lucrecia Durán (su esposo es Hugo Eduardo Moreyra). También se criticó que tras su salida del Iosper accediera a un cargo como representantes del Gobierno provincial en el Centro de Medicina Nuclear y Molecular de Paraná. Hasta diciembre de 2015, su salario fue abonado por el Iosper. Pero no es todo. Medios de Santa Elena, como el que administra Cárdenas, aseguran que Moreyra invierte importantes sumas en las apuestas de caballos de competición. En abril de este año, ya dando sus primeros pasos al frente del municipio del norte entrerriano, Moreyra fue denunciado por concejales de Cambiemos de no haber entregado ayuda que llegó de Nación destinada a los afectados por las inundaciones. Acceso a la información El pasado 1º de septiembre, Eduardo Cárdenas solicitó a la obra social que informe la cantidad de contratados bajo la modalidad de locación de obra o de servicios u otras especies, los nombres de los contratados y que se detalle el cargo que ocupan. El ex vocero del Domingo Daniel Rossi, también pidió que se detallen los criterios por los cuales se basa el Iosper para celebrar contratos y si existe un registro en el que particulares y profesionales pueden inscribirse para postularse. Sin embargo, el 14 de ese mes el Iosper respondió que no se le permitiría acceder al listado de contratados, amparándose en Ley 25.326 de protección de los datos personales, en cuyo artículo 5º se especifica que para ello se requiere el consentimiento de las personas afectadas. Tras ello, Cárdenas interpuso un recurso de amparo en la Justicia, que fue caratulado “Cárdenas Eduardo c/ Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos s/ Acción de Amparo”, Nº 10.057. En su presentación, Cárdenas aseguró que en la obra social existen contratados “que cobran contratos sin prestar servicios”. Además, el amparista aseguró que algunos contratos fueron celebrados “para sostener campañas políticas o con otros fines ajenos” al Iosper. Cárdenas invocó el derecho al acceso a la información pública y propuso incorporar la figura del amicus curiae (Amigos del Tribunal). Para ello postuló al ex gobernador Jorge Busti. Por su parte, los apoderados del Iosper formularon la negativa de rigor y pidieron rechazar al planteo en resguardo de los datos personales. Además rechazaron que el ex mandatario haya sido postulado como amicus curiae, ya que consideraron que detrás de la presentación existe un trasfondo político y no un interés por la información. El Juez Benedetto, en primer lugar, rechazó la propuesta de introducir la figura de amicus curiae y admitió los restantes aspectos requeridos, es decir: que el Iosper informe la cantidad total de contratados, por sus nombres completos y el cargo que ocupan, y si existe un registro en el que los interesados puedan inscribirse como postulantes a esos cargos. No hizo lugar a que se informe sobre los criterios con los que se efectúan las contrataciones. Además, el juez corrió vista al Ministerio Público Fiscal para que actúe en caso de que exista la posibilidad de que “las conductas desplegadas constituyan un ilícito penal”.