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uros pedidos de penas solicitaron la Fiscalía y los querellantes en los alegatos del juicio contra Atilio Ricardo Céparo, el ex integrante de la Policía de Entre Ríos acusado de haber secuestrado y torturado a una mujer junto a una patota de la fuerza de seguridad a fines de septiembre de 1976. En primer turno, el fiscal general José Ignacio Candioti reclamó una pena de prisión de 16 años, sumado a la inhabilitación absoluta perpetua, por considerarlo coautor penalmente responsable de la comisión de dos delitos: la privación ilegítima de la libertad cometida en abuso de sus funciones, sin cumplir con las formalidades de la ley y agravada por la utilización de la violencia; y la aplicación de tormentos agravada por tratarse la víctima un perseguido político. Por su parte, los representantes de la querella de la agrupación H.I.J.O.S., Marcelo Boeykens y Sofía Uranga, exigieron el máximo castigo previsto para este tipo de delitos: 21 años de cárcel. Además reclamaron que se siga investigando a Céparo y a la Policía por otros hechos y que los delitos cometidos sean considerados dentro del genocidio. Por su parte, el defensor oficial José Ostolaza exigió la absolución por el principio de la duda. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Paraná resolvió pasar a un cuarto intermedio hasta el 18 de octubre a las 15, cuando las partes podrán hacer sus últimas intervenciones y luego se conocerá el veredicto. En la cuarta jornada del juicio oral y público se hizo presente el imputado, quien se había ausentado algunos días por supuestas razones de salud. Esta vez, además de sus hijas –una de ellas la esposa del juez del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos Emilio Castrillón– lo acompañó un grupo de defensores de los represores, publicó Uno.