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l cuarto juicio por delitos de la dictadura que comienza este lunes en Paraná tiene la característica de ser el primero contra un integrante de la patota de la Policía de Entre Ríos: Atilio Ricardo Céparo, suegro del vocal del Superior Tribunal de Justicia Emilio Castrillón. El Tribunal Oral Federal de Paraná lo juzgará por los delitos de privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio y en esa situación cometiera acto de vejación o aplicare apremios ilegales o imposición de tormentos contra una mujer, a la que secuestró de su lugar de trabajo en 1976. Durante los días 26, 27, 28 y 30 de septiembre prestarán declaración como testigos 26 personas, entre ex detenidos políticos, policías, médicos, militares y una hija del imputado; y luego de las testimoniales se realizará una inspección judicial en la Jefatura Central de Policía, en calle Córdoba 351, donde la mujer asegura haber sido sometida a torturas con picana eléctrica. El tribunal estará integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros; el fiscal será José Ignacio Candioti; los querellantes serán Marcelo Boeykens y Sofía Uranga; y Céparo tendrá como defensor a José Esteban Ostolaza, precisó El Diario. La causa se inició a raíz de la denuncia que presentó una mujer que dijo haber sido secuestrada por tres policías provinciales –entre los que estaba Céparo– el 23 de septiembre de 1976, en horas de la mañana, en el Sanatorio La Entrerriana, donde ella trabajaba como enfermera, y la trasladaron en un automóvil Ford Falcon, primero a la Jefatura Central de Policía y luego a la Comisaría Quinta. Céparo Atilio Ricardo Céparo, de 67 años, nació en Hasenkamp, departamento Paraná. En 1976, cuando se produjo el secuestro de la mujer por el cual ahora está en juicio, era oficial ayudante y se desempeñaba en la División Despacho de la Jefatura Departamental de Policía, según consta en su legajo personal. Céparo quedó cesante de la Policía a partir del 24 de julio de 1981, tras un sumario administrativo en el que fue acusado de haber cobrado indebidamente multas en nombre del Estado. En 2003 presentó un recurso de gracia pidiendo su reincorporación al cuadro de oficiales de la Policía. Hoy se encuentra detenido en la unidad penal y tanto el juez como la Cámara Federal y después el tribunal oral rechazaron su excarcelación por la existencia de “riesgo procesal”, a raíz de las intimidaciones que sufrió un testigo.