E

l fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de Paraná, José Ignacio Candioti, dictaminó en contra de que se otorgue el beneficio de la prisión domiciliaria al ex policía Atilio Ricardo Céparo, quien será juzgado este mes por estar acusado de cometer delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Ahora será el Tribunal quien resuelva al respecto. A través de su defensor José Ostolaza, Céparo había pedido el beneficio alegando problemas de salud, cardiológicos, los cuales se habrían agravado con el transcurrir del tiempo que lleva preso en la Unidad Penal N°1 de Paraná. Sin embargo, el fiscal consideró que las afecciones no le impiden ser atendido en la cárcel, al igual que muchos otros internos que padecen enfermedades. Además, el expolicía tiene menos de 70 años, es decir que no cumple con el requisito de edad mínima para contar con el beneficio. Al realizar el pedido, el defensor había presentado un informe de un médico particular, por lo que el fiscal solicitó la evaluación por parte del médico de la jurisdicción. A su vez, los abogados querellantes Marcelo Boeykens y Sofía Uranga avalaron la posición de la fiscalía, al sostener que no están dadas las condiciones para el otorgamiento de la domiciliaria. Además solicitaron que les sea posible designar perito de parte para la evaluación del estado de salud del imputado. Céparo es oriundo de La Paz. Durante la última dictadura cívico militar se desempeñó como funcionario de la Policía de Entre Ríos, fuerza de la que fue separado más tarde por medio de un sumario en el cual se lo acusó de hechos de corrupción. Desde el 26 de septiembre lo juzgarán por privación ilegal de la libertad, apremios ilegales e imposición de tortura, en perjuicio de una víctima. Al momento de su detención, a fines de 2014, se desempeñaba como chofer del Superior Tribunal de Justicia de la provincia, donde su yerno, Emilio Castrillón, es uno de los vocales. El fiscal Candioti, al expedirse el martes sobre el tema, citó como jurisprudencia un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso Jorge Olivera Róvere y otro de la Cámara de Federal de Casación Penal en el caso Luciano Benjamín Menéndez, para argumentar que en estas causas de lesa humanidad, antes de otorgar la prisión domiciliaria se debe verificar que no haya riesgo procesal, es decir, que el imputado no entorpecerá la investigación si cuenta con el beneficio de estar en su casa, lejos de los controles propios de una cárcel. El fiscal consideró que en el caso de Céparo sí existe riesgo procesal, dado que ya existieron amenazas a través de llamados telefónicos desde su entorno hacia testigos de la causa, lo cual fue tenido en cuenta por la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná al momento de rechazarle su planteo de excarcelación. La acusación La imputación le atribuye a Céparo que la mañana del 23 de septiembre de 1976, en su carácter de oficial ayudante de la Policía de Entre Ríos con prestación de servicios en la División Despacho de la Jefatura Departamental Paraná, privó ilegítimamente de libertad a una ciudadana. Esto ocurrió en las instalaciones del sanatorio "La Entrerriana", donde trabajaba la víctima. De allí la trasladó inmediatamente hasta la Jefatura Departamental de Policía de Entre Ríos, y posteriormente a la Comisaría del barrio San Agustín, donde se la mantuvo privada ilegítimamente de su libertad por el lapso de seis días aproximadamente. Durante ese tiempo también la trasladó desde la comisaría hasta la Jefatura Departamental, donde junto con otras personas la interrogó bajo aplicación de torturas. Estos delitos fueron realizados dentro del plan sistemático de represión ilegal que se desató en la Argentina, entre finales de 1975 hasta diciembre de 1983.