E

l ministro de Defensa Julio Martínez solicitó al juez Sebastián Casanello que lo designe "depositario judicial" de las máquinas embargadas a la empresa Austral Construcciones, propiedad del detenido empresario santacruceño Lázaro Báez. De esta manera, mientras se sustancia la causa judicial, el Ejército las podrá utilizar en obras para Entre Ríos y otras provincias afectadas por inundaciones, así como del Plan Belgrano. "Es una medida que nos conviene a todos, porque los procesos judiciales son largos y esa maquinaria, que al Ejército le sería muy útil para avanzar en obras que tienen que ver con el bien común, arrumbada en un depósito judicial en poco tiempo se vuelve inservible", comentó el ministro. El 30 de junio la Sala II de la Cámara Federal ratificó los procesamientos y embargos de los imputados Lázaro y Martín Báez, lo que motivó la solicitud del Ministerio de Defensa. "Si usted deja esas maquinarias arrumbas a la interperie, sin uso ni mantenimiento, la experiencia indica que en poco tiempo se deterioran, se rompen los neumáticos y tapizados, son vandalizadas, las ataca la corrosión... y eso no le conviene a nadie", insistió Martínez. "Imaginemos que en dos o tres años se define la causa que involucra al señor Báez. Si resulta culpable esos bienes pasarán al Estado y si fuera absueltovolverían a manos de la empresa. En cualquier caso, es mejor que estén en funcionamiento y no que sean chatarra", agregó el funcionario. El planteo de Defensa es que esa maquinaria sería útil para acelerar las obras de apoyo a la comunidad que realiza el Ejército Argentino, en particular en las siete provincias afectadas por las últimas inundaciones, entre ellas Entre Ríos, y en las provincias que están comprendidas en el Plan Belgrano, consignó Télam. Aprovechamiento público de los bienes de Lázaro Esta presentación no es la primera que se realiza sobre los bienes de Báez, que hasta el momento suman cerca de 150 propiedades, contabilizadas en los allanamientos realizados por el fiscal Guillermo Marijuán en el marco de la causa por el presunto "lavado de activos". El Ministerio de Seguridad también solicitó utilizar bienes del empresario. Tres de los campos propiedad de Báez en Santa Cruz, donde es dueño de 600.000 hectáreas, fueron solicitados en comodato por la cartera que dirige Patricia Bullrich para utilizarlos como cuateles para Gendarmería Nacional. El Ministerio de Seguridad solicitó además la entrega en comodato de un avión privado y varios vehículos cuatro por cuatro pertenecientes al empresario kirchnerista. Todas estas solicitudes, que dependen de decisiones judiciales, aparecen como un paso previo a la sanción de la ley de extinción de dominio, la iniciativa que presentó ante el Congreso Nacional la Oficina Anticorrupción, y que prevé que aquellos bienes presuntamente ilícitos que no puedan ser justificados por sus tenedores pasen a manos del Estado.