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a denuncia de falta de pago de tasas municipales de la inmobiliaria del viceintendente Alcides Risso y la aparición de un comunicado presuntamente apócrifo del intendente Domingo Maiocco ha generado una grave crisis institucional en la administración de la ciudad de Victoria. El 26 de agosto pasado, el apoderado del Frente Renovador en la localidad y ex candidato a concejal Carlos Reggiardo hizo una denuncia pública contra Risso, alegando que la inmobiliaria que posee mantendría una importante deuda con el Estado Municipal, ante la falta de pago de la denominada “tasa comercial”. Sin haber liquidado impuestos de los años 2011, 2012, 2013,2014, 2015 y medio, la deuda del segundo de Maiocco no sería inferior a los 500.000 pesos, surgió de la denuncia del massista Reggiardo. Al día siguiente, se conoció un presunto comunicado del intendente Domingo Maiocco en el que se informaba “a los contribuyentes que el presidente del Honorable Concejo Deliberante no posee deudas con el municipio”. Esta fue la piedra del escándalo, ya que Maiocco no habría firmado el comunicado. Según informan medios locales, durante la sesión de este miércoles por la noche del Concejo Deliberante (que preside Risso), una sala anexa al recinto fue escenario de una acalorada discusión entre los socios de la fórmula electoral (Maiocco es radical y Risso, del PRO). El mandatario municipal le endilgó, según publicó la emisora LT39: “Yo no voy a avalar algo que no escribí y tampoco firmé”. Tras el incidente, Maiocco abandonó la ciudad: alegando audiencias, partió rumbo a Buenos Aires. Durante la sesión, Risso no hizo mención ni a la denuncia ni al altercado ni a su situación tributaria. Las deudas del actual viceintendente con el Municipio se estarían acumulando desde el año 2010, cuando comenzó a funcionar la Inmobiliara Risso, una sociedad de hecho entre Alcides y su hermano Mateo. La firma, ubicada en calle España 214 de la ciudad de las siete colinas, está inscripta como prestadora de servicios inmobiliarios desde enero de 2012 en la AFIP y la ATER. Detrás de esta historia estuvo la disputa judicial entre el Gobierno municipal y el Colegio de Corredores Inmobiliarios de Entre Ríos por el cobro de la tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad (conocida como “tasa comercial”) a quienes llevan adelante el negocio inmobiliario. El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Victoria había fallado a favor de los corredores inmobiliarios, quienes pretendían no pagar el tributo, pero el 23 de diciembre de 2013 la Cámara Segunda, Sala III de Paraná revocó la sentencia y falló a favor del Municipio. El caso llegó a la Sala de Asuntos Constitucionales del Superior Tribunal de Justicia, que con los votos de Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia (Claudia Mizawak se abstuvo de votar, dado que se había alcanzado mayoría) confirmó la sentencia de la Cámara, habilitando el cobro de la tasa comercial a los corredores inmobiliarios. La sentencia se produjo el 25 marzo de 2015, por lo que a partir de ese momento el Municipio está habilitado para el cobro del tributo.