L

uego de la resolución del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que falló a favor del tarifazo eléctrico aplicado por el gobierno provincial, las empresas que recurrieron en primera instancia al amparo para frenar el incremento decidieron recurrir a la Corte Suprema de Justicia "para obtener una resolución concreta sobre su reclamo que vaya sobre la cuestión de fondo". El abogado patrocinante de ambos emprendimientos, Pedro Raiteri, aseguró que la empresa Bioder se vio afectada de tal manera que evalúa “tomar medidas drásticas” por los costos elevados que hacen imposible la continuidad en el mercado: "El criadero de cerdo está viviendo una crisis que es casi terminal", afirmó el abogado. La resolución del STJ fue en el marco de una causa iniciada a través de recursos de amparo presentados por dos empresas (hubo otros 13 amparos en total) que, tras ser ratificados por el juez Marcelo Baridón, llegaron al máximo órgano judicial de la provincia. “Nos encontramos con un fallo que no resuelve la cuestión de fondo ni legitima las resoluciones del EPRE. Fue sobre una cuestión formal como lo son la extemporaneidad y por otra parte, la improcedencia de la vía”, explicó Raiteri, que representa los intereses de la empresa Bioder (criadero porcino) y la Estación de Servicios de Laurencena. La extemporaneidad se basa en que, según el fallo del STJ, los amparos deberían haberse presentado en el plazo de los 30 días hábiles luego del vencimiento de la primera factura en la que se aplicó el aumento (la del mes de febrero, en base al consumo de enero). Además, el STJ arguyó la inviabilidad del recurso de amparo y señaló que había otras vías que eran correspondientes para llevar adelante el reclamo: juicios contenciosos o sumarísimos. Incluso, desde la Justicia provincial se indicó que no se iniciaron los respectivos reclamos en los organismos de Defensa al Consumidor. “Nosotros entendemos que todo esto no es así”, afirmó Raiteri. El factor EPRE Uno de los puntos que reclamó la Justicia en primera instancia fue la ausencia de una audiencia pública –correspondiente por ley- para que, de manera anticipada, los consumidores tengan la posibilidad de participar de la discusión previa a un aumento en las tarifas. En los hechos, el organismo que preside Marcos Rodríguez Allende, reconoció el error al convocar a una audiencia pública para el 31 de agosto. Rodríguez Allende había afirmado que desde el EPRE no consideraron necesario realizar la correspondiente audiencia pública porque habían realizado una en el año 2014 en Villaguay. “El EPRE no se puede desligar del problema por más que sean políticas aplicadas por el gobierno nacional. La provincia tiene la facultad de discutirla, de hacer algunos planteos, inclusive tiene herramientas como los subsidios de la provincia para paliar los altos costos de la energía. Desde el EPRE se acató la tarifa y se la trasladó directamente al usuario”, argumentan las firmas querellantes. Crisis y temor por despidos Según las propias palabras del patrocinante, la situación por la cual atraviesa la empresa porcina es una “crisis casi terminal. Las tarifas eléctricas es una de las patas de este combo. A esto hay que sumarle la apertura irrestricta de las importaciones, la caída de las retenciones al maíz que suben el precio del grano del cual se alimentan los cerdos”, explicó Raiteri. La situación de gravedad arriesga al sector de los trabajadores de la empresa. Según admitió el letrado, desde Bioder “nos han pedido estudiar el avance en procedimientos preventivos de crisis, donde la variable pasa a ser el trabajador y la fuente de empleo”. (De Análisis Digital)