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l Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) pedirá que la titular del Superior Tribunal de Justicia (STJ) e integrante de la Sala Penal y de Procedimientos Constitucionales, Claudia Mizawak, se excuse de intervenir en la resolución de los recursos de amparo contra los aumentos de la tarifa eléctrica en Entre Ríos. Mizawak, además de integrar la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal –junto a Carlos Chiara Díaz y Daniel Carubia--, es esposa de Raúl Arroyo, titular de la Secretaría de Energía, que es parte en la discusión de los alcances de la tarifa eléctrica, y su actualización, en la provincia. La Sala Penal es el tribunal que deberá resolver los amparos ya presentados contra la tarifa eléctrica. El viernes el tribunal recibió la primera apelación a un fallo que resultó adverso al Gobierno, el de Bioder SA, y este lunes, los argumentos formales. Los cálculos del Ente Regulador señalan que entre diciembre de 2015 y febrero de 2016 la tarifa eléctrica aumentó en la provincia un 137%. Bioder SA, una empresa productora porcina de la zona de Viale, planteó un amparo ante la Cámara Contencioso Administrativa, al sentirse afectada financieramente por la suba tarifa, y logró que el integrante de la Cámara de Casación Penal, Marcelo Baridón, le diera parcialmente la razón. Bioder SA es cliente de la Cooperativa Eléctrica Quebracho Limitada, una de las 18 cooperativas que se reparten un tercio del mercado eléctrico en la provincia; el 70% está en manos de la distribuidora estatal Energía Entre Ríos SA (Enersa). Aunque el planteo judicial apuntó también contra el EPRE, que es el organismo encargado de fijar las tarifas eléctricas. Poco transparente Al resolver favorablemente el planteo de la firma dedicada a la cría de ganado porcino, Baridón realizó un severo reproche al Ente Regulador, al que reprueba la falta de claridad en la información al usuario. “El EPRE no demuestra una conducta cumplidora del mandato constitucional que le ordena proteger al consumidor, al menos informándolo, y controlar el monopolio de suministro de energía”. Y agrega que publicar el cuadro tarifario no resulta “suficiente para tener por mínimamente cumplida a la obligación constitucional de proteger al usuario”, sentenció Baridón. Pero también subraya que el Ente Regulador “ha violado” la garantía de transparencia en sus decisiones y esto es así en tanto los aumentos fueron dispuestos sin convocar a audiencia pública. “Las audiencias públicas importan dispositivos que concretan la garantía constitucional de transparencia que impone el texto magno local al régimen tarifario”, señaló el juez según consignó El Diario. La parte medular de la sentencia obligó al Ente Regulador a aplicar sólo el aumento tarifario que se discutió mediante el sistema de audiencia pública, tal como ordena la Ley de Marco Regulatorio Eléctrico, esto es el 19,8%, discutido a comienzos de 2014 en Villaguay. Esa actualización tarifaria quedó luego congelada por un acuerdo Provincia-Nación, hasta que sobrevino el descongelamiento, el último verano. Pero a ese aumento el EPRE agregó otros. En realidad, el Ente Regulador puso en vigencia a principios de año aquel aumento, del 19,8%, pero también la actualización inflacionaria de los dos años de congelamiento, y también el aumento registrado en el mercado mayorista eléctrico. Es decir a aquel 19,8% se le sumó un 37% y un 43%, más otro 57%. Así, entre diciembre de 2015 y febrero de 2016, la tarifa se incrementó un 137%.