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l Gobierno enviará este jueves al Congreso el proyecto de voto electrónico, con la idea de aplicarlo en las próximas elecciones nacionales, las legislativas 2017. El texto plantea que las PASO serán obligatorias y se utilizará el sistema de Boleta Única Electrónica (BUE). Pero, a diferencia de los casos anteriores, establece que en esta nueva modalidad "primero se va a tener que elegir la fuerza política y, en lo que vendría a ser la segunda pantalla, el candidato". Aunque la norma establecería que todas las elecciones del país se realicen a través de este sistema, desde sectores de la oposición aún dudan de cómo el Gobierno logrará contar con la cantidad de terminales necesarias y ponen como ejemplo el caso de Salta, que necesitó seis elecciones hasta cubrir a todo el electorado. El proyecto de reforma depende del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales, Adrián Pérez quien afirmó que la norma establece que "será boleta única electrónica en todo el país" y calculó que para eso será necesario contar "con 100.000 terminales" Pérez –que este martes recibirá a Natalia Luque, vecina de Quilmes, que juntó 243.000 firmas de ciudadanos que se adhirieron al petitorio pro voto electrónico lanzado a través de change.org– explicó que aún falta definir aspectos de la implementación y que, si no es posible contar con todas las terminales "hay una cláusula que prevé la posibilidad de que sea parcial, eso dependerá de la implementación". Al respecto, el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, afirmó que van a encarar "todos los procesos para la compra de equipamiento y el análisis del software que será utilizado en la máquina. Este procedimiento tendrá la máxima transparencia y la participación de la Cámara Electoral". Además, expresó que "el objetivo es cumplir con el cronograma y tener toda la logística lista para marzo próximo". Otros puntos salientes de la reforma pasa por la eliminación de las llamadas colectoras –cuando diferentes partidos tienen candidatos propios locales, provinciales o legislativos pero lleven un mismo candidato a presidente– y elimina las candidaturas múltiples. "Además amplía el poder de la Justicia ya que va a tener la auditoria y la homologación del sistema, pero también mayores competencia sobre el control de financiamiento de los partidos", explicó Pérez, según consignó El Cronista. "El Gobierno quiere mejorar la transparencia en general y esto es un mecanismo que apunta a eso", dijo el secretario. Otra modificación –que, afirman, tendría un trato favorable en la Cámara de Diputado y podría encontrar alguna reticencia en el Senado– es que establece la obligatoriedad de realizar debates presidenciales y una ley de transición presidencial. La experiencia del traspaso de mando que dejó la salida de Cristina Kirchner y la asunción de Mauricio Macri fue el puntapié inicial para una norma en la que se estipula una reunión formal entre el presidente saliente y el entrante. También obliga al jefe de Gabinete saliente a armar una comisión que recopile información de todos los organismos del Estado para pasar a la administración entrante que deberá preparar y publicar un informe en un plazo no mayor a los 30 días de asumido.