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e la redacción de INFORME DIGITAL En medio de la polémica que se generó alrededor de las partidas presupuestarias a disposición del Superior Tribunal de Justicia señaladas como “gastos reservados”, y que desde Alto Cuerpo se afirmaron como legales, el diputado de Cambiemos Esteban Vitor impulsa un proyecto de ley que pone un límite al uso de dichos montos. La iniciativa propone que los utilicen “sólo los organismos dedicados a la prevención y lucha contra el delito” y busca “recuperar la idea original” de estos fondos: que “sean efectivamente gastados en esos fines con eficiencia y racionalidad”. A su vez, estipula que los controles de dichos dineros "impidan nichos de corrupción". El texto de Cambiemos consignado en el comunicado enviado a INFORME DIGITAL busca “poner un límite legal para evitar los abusos e ilicitudes”. El proyecto establece que los montos de “gastos reservados” deberán usarse para “prevenir y combatir el delito” y prohíbe su utilización “con propósitos ajenos” a esa finalidad. Así, se incluirían solamente en el código “Servicios de Prevención y Seguridad” del presupuesto público provincial. La iniciativa postula también que su fiscalización quedará bajo responsabilidad del Tribunal de Cuentas en absoluta reserva y con participación opositora: a través de una Unidad Especial en la que entenderán el presidente y el Vocal de la primera minoría de la Cámara de Diputados. Su tarea, según se explica más adelante, es que “impidan los nichos de corrupción o el delito pero a la vez mantengan la reserva que el caso requiere”. El proyecto que se impulsa desde Cambiemos argumenta que los gastos reservados obedecen a “estrictos objetivos de defensa y seguridad (…) las únicas razones que justifican” su existencia. A su vez, castiga que “no implica autorización para malversar o disponer de fondos por fuera de la Contabilidad Pública y en desmedro de la transparencia”. El escándalo de las armas de Tribunales El Poder Judicial de Entre Ríos quedó bajo la mirada pública tras el escándalo de las ventas de armas resguardadas en la Sección Depósito de Efectos Secuestrados del edificio de Tribunales de Paraná. La pregunta que surgió entre especialistas y abogados del fuero penal es cuántos fondos destinó en los últimos años el STJ para cuidar las armas. Para el abogado Miguel Ángel Cullen, dicho resguardo "no era una de las prioridades". En diálogo con INFORME DIGITAL, el jurista relató que "lo que observamos cuando recorrimos los lugares destinados por el Superior Tribunal de Justicia para el depósito de efectos secuestrados es que hay una deficiencia muy importante de lo que es la infraestructura para lograr la seguridad de esos elementos”.