T
ras el vencimiento del plan de regularizaciones fiscales, fijado para el próximo 17 de junio y que contabiliza más de 60 mil oportunidades, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) prevé la remisión a juicio de unos 3 mil casos pertenecientes al grupo de contribuyentes con mayor capacidad contributiva que fueron intimados en los últimos meses y no se habrían avenido a regularizar. La cantidad de casos se corresponde con los intimados con cedulones rojos durante la moratoria y otro grupo cuyas remisiones fueran suspendidas hasta la finalización del plan. El proceso prevé el embargo de cuentas bancarias y acompañan "un conjunto de medidas de transparencia", señalaron desde el organismo. Gestión “más transparente” En sintonía con el procedimiento, desde el equipo de gestión deslizaron más acciones que se prevén implementar tras la moratoria, en el marco del eje Transparencia del Plan de Gestión, que la ATER lleva adelante. "Tras la moratoria se intensificarán los programas de trabajo que se vienen delineando con los organismos de control sobre temas como compensaciones fraudulentas, mecanismos de valuación, otorgamiento de exenciones en diversos impuestos, cruces de información, rendiciones de cuentas de años anteriores, revisión de claves informáticas, entre otras, donde el principal objetivo es despejar cualquier manto de sospecha sobre el accionar del organismo recaudador", adelantó el director de Asuntos Jurídicos, Eduardo Ferreyra. Además, indicó APF, desde el área de impuestos anticiparon que se encuentra en estudio la publicación mensual en el sitio web del organismo, de la lista de los principales deudores de los tributos provinciales.