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istintas entidades de derechos humanos emitieron un comunicado de respaldo a la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) respecto de no admitir como alumno al represor Jorge Humberto Appiani. “Cada mañana, Jorge Humberto Appiani se despierta en su celda de la Unidad Penal Nº 1 de Paraná y comete un crimen de lesa humanidad. Es así porque la desaparición forzada de personas es un delito permanente, que se actualiza cada día con la continuidad del pacto de silencio de los genocidas. Cada minuto que pasa y Appiani decide seguir callando, los desaparecidos vuelven a desaparecer. Porque él sabe dónde están los restos de Coco Erbetta, qué hicieron con Claudio Fink o dónde ocultaron el cuerpo de Pedro Sobko, y no hace nada para que cese ese delito”, señaló el comunicado que emitieron Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio-(Hijos) Regional Paraná, la Asociación de Ex Presos Políticos de Entre Ríos - La Solapa, la Asociación de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos y ex Presos Políticos de Concordia Familiares y Amigos de Desaparecidos de Nogoyá (Faden). Describieron a Appiani de la siguiente manera: “Él es un convencido de que lo que llamamos terrorismo de Estado fue un plan heroico de los militares para salvar a la Patria de la ‘subversión’. Pieza clave del capítulo local del genocidio, defensor hasta nuestros días de la tortura y el exterminio; se mostraba en los campos de concentración, se burlaba de los detenidos y gozaba de los asesinatos”. Señalaron también que “a lo largo de más de tres décadas de democracia, no solo no se arrepintió de sus crímenes y no colaboró con la Justicia, sino que se dedicó a obstaculizar y dilatar los procesos en su contra e intentar amedrentar cuanto pudo a víctimas y testigos, a la vista de todos, en audiencias públicas de la causa Área Paraná. En ese juicio recibió una condena a 18 años de prisión y sus crímenes fueron considerados de lesa humanidad por la Justicia Federal”. Y agregaron: “por eso los militantes de las organizaciones de derechos humanos compartimos y apoyamos la decisión del Consejo Directivo de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de confirmar la no admisión de este personaje siniestro como estudiante de sus carreras, y esperamos que el Consejo Superior ratifique esta resolución”. En ese sentido, consideraron “que no se le está negando el derecho a la educación al reo, quien puede buscar otra institución donde le abran las puertas; sino que su conducta pasada y actual habilitan su exclusión por motivos éticos. No se trata de una discriminación por raza, sexo, religión o ideología, como busca confundir el Inadi en su recomendación a favor de la admisión. Se trata de no permitir el ingreso de un delincuente que con su conducta ofende a toda la humanidad. La universidad está facultada para dictar esta sanción. Forma parte de sus atribuciones”, precisaron.