E
l Concejo Deliberante de Paraná derivó a comisión este jueves un proyecto que declara el estado de emergencia administrativa y judicial de la Municipalidad de la capital provincial. El proyecto fue ingresado este miércoles por los concejales Carlos González y María Marta Zuiani, de parte del jefe comunal Sergio Varisco, para ser aprobado sobre tablas, pero el resto de los ediles decidió estudiarlo mejor.
El proyecto propone llevar a cabo “un reordenamiento” en la gestión de trámites administrativos y establecer un “orden de prioridades” en la atención de los reclamos administrativos y de las obligaciones provenientes de sentencias judiciales adversas al municipio, así como de los consabidos gastos que esto acarrea para la administración municipal.
El estado de emergencia por un año podría prorrogarse un año más. Se fundamenta que la Ordenanza N° 8.256, que actualmente regula la materia y data del año 2001, ha quedado desactualizada respecto de “un volumen de actuaciones administrativas y planteos que han avanzado en complejidad”.
El proyecto de González y Zuiani se ampara en la “imposibilidad” de resolver los planteos llegados a la municipalidad en los plazos establecidos, lo que deriva en amparos por mora administrativa, sumándose así más gastos y honorarios a pagar por la intendencia. También se propone la realización de un relevamiento de los trámites administrativos en curso y de las causas judiciales en las que interviene el municipio.
Facultades para Varisco
Lo que generó dudas a los ediles de la oposición son las facultades que se le atribuyen al presidente municipal, en este caso Sergio Varisco, quien podría extender la emergencia a las ordenanzas que rigen en Habilitación Comercial, Código Fiscal Municipal, Código de Edificación, Código Urbano, Código de Faltas y Procesos de Sumarios Administrativos.
Asimismo, se extiende a “toda norma que establezca un procedimiento administrativo específico”, cuando “la situación amerite la aplicación de la emergencia”. Por otra parte, se autoriza al presidente municipal a “allanarse, desistir y transar juicios pendientes o los que se inicien” mientras rija la emergencia.
El último artículo instruye al Departamento Ejecutivo a cargo del intendente a que realice un relevamiento de “todas las gestiones judiciales y extrajudiciales de cobro de tributos municipales y de multas” y que desista de esos juicios en caso que un informe acredite “la incobrabilidad del crédito” o la imposibilidad de continuación del juicio.
González: "no nos parece desmesurado, al contrario"
El concejal Carlos González argumentó el proyecto en diálogo con
INFORME DIGITAL. "Históricamente, el intendente tuvo facultades para hacer arreglos (con litigantes en contra del Municipio). Por esas cuestiones de historia de la municipalidad, en algún momento, supongo que por confrontaciones entre el Concejo Deliberante y el intendente, le llevaron esa facultad al HCD", repasó el edil radical.
Respecto del infructuoso intento de aprobar la norma sobre tablas este jueves, González relató que a los concejales opositores "les parecía que había que tener algún numero un poco más cercano de cantidad de expedientes", por lo que se consensuó el pase a comisión del texto. Por otra parte, el dirigente radical consideró que la sospecha de 'superpoderes' destinados a Varisco "no me parece a la medida de lo que sucede".
"No nos parece desmesurado, al contrario, los plazos que estamos extendiendo, para el volumen de personas (en litigio con el Municipio) que hay, aún es escaso", agregó González. Por último, el autor de la iniciativa insistió en que el espíritu de su proyecto es que "esas facultades que hubo siempre para todas las transacciones, volver a recuperarlas el intendente como las tuvo siempre"
